
La organización denuncia el impacto de los abusos del mercado sobre el presupuesto de los hogares, respalda a la plantilla de Alimerka y propone un «apagón de consumo» durante la jornada de movilización.
La Unión de Consumidores de Asturias ha presentado su posicionamiento y el dossier económico que justifican su participación activa en la Huelga General y de Consumo del próximo miércoles, 11 de noviembre. La organización sostiene que los consumidores del Principado están plenamente legitimados para participar en esta protesta, al ser las principales víctimas de un mercado oligopolístico marcado por abusos estructurales, por la pasividad de los reguladores y por unas prácticas empresariales que drenan la riqueza de los hogares.
«Hay motivos más que suficientes para plantarse. Los consumidores hemos dejado de ser soberanos del mercado para convertirnos en súbditos económicos. Que nadie nos hable de eficiencia: más del 15 % de los históricos beneficios que exhiben estas corporaciones es fruto directo del abuso y de la ilegalidad. Sus balances récord, de 68.800 millones de euros netos al año, se levantan sobre el dinero que sale de las hipotecas, la luz y la cesta de la compra de las familias», afirma Dacio Alonso, presidente de la entidad.

Dos salarios para vivir ahogados: el 75 % va a las corporaciones
El estudio de economía doméstica de Consumidores Asturias retrata la situación de una pareja trabajadora asturiana en la que ambos miembros perciben el salario más frecuente (1.200 € netos cada uno), lo que suma unos ingresos conjuntos de 2.400 € al mes. De esa cantidad, 1.800 € (el 75 %) se destinan de forma inmediata e ineludible a cinco partidas controladas por grandes sectores corporativos: vivienda (850 €), cesta de la compra básica (550 €), energía y calefacción (180 €), transporte y carburantes (160 €) y telecomunicaciones (60 €).

A la pareja solo le quedan 600 € al mes (apenas 20 € diarios para ambos) para alimentación complementaria, vestido, salud, crianza e imprevistos. La capacidad de ahorro real en Asturias es nula, lo que abre la puerta a situaciones de endeudamiento y vulnerabilidad crónicas.
«Cuestionamos la legitimación de los beneficios económicos a costa de los consumidores. Los poderes públicos están dejando mucho que desear», sostiene Dacio Alonso, que reclama una respuesta firme de las administraciones ante esta situación.
Diez razones para movilizarse
La Unión de Consumidores de Asturias articula su participación en la huelga en torno a diez motivos, cuantificados en 722 millones de euros de deuda exigible acumulada en la región:
- La asfixia del presupuesto familiar. Tres de cada cuatro euros ingresados por un hogar trabajador se destinan a pagar facturas básicas a grandes multinacionales, lo que deja a las familias con apenas 20 € diarios para vestirse, alimentarse y afrontar gastos de salud.
- Los gastos hipotecarios. UCE reclama a la gran banca 100 millones de euros que corresponden a 100.000 familias asturianas: un coste medio de 1.000 € por hogar en gastos de registro, gestoría y tasación de contratos anteriores a 2019 que los tribunales ya declararon nulos y que las entidades se niegan a devolver de oficio.
- Las tarjetas revolving. Unas 50.000 familias asturianas están atrapadas en deudas perpetuas por intereses usurarios. Las financieras les adeudan 150 millones de euros, a razón de 3.000 € de media por afectado, como consecuencia de contratos abusivos.
- El cártel de los coches. Los fabricantes de automóviles vulneraron la libre competencia. Hay 140.000 asturianos afectados con derecho a una indemnización media de 1.500 € por vehículo, lo que suma 210 millones de euros retenidos por las compañías del motor.
- La financiación de concesionarios. En la última década se han financiado más de 80.000 vehículos con modelos plagados de comisiones de apertura ilegales, seguros vinculados y cláusulas abusivas. Las financieras de automoción adeudan 200 millones de euros a los conductores asturianos, a una media de 2.500 € por coche.
- El peaje del Huerna. Consumidores Asturias denuncia la situación de la AP-66, gestionada por Aucalsa. Según recuerda la organización, la Comisión Europea ha concluido que la prórroga de 29 años adjudicada directamente en el año 2000, que pretendía extender la concesión hasta 2050, es ilegal. La concesión legal expiró en octubre de 2021, de modo que se llevan cinco años pagando un peaje en un tramo que ya debería ser gratuito. A ello se suma el agravante de las obras: se mantiene la tarifa íntegra pese al servicio deficiente, lo que supone 13 millones de euros cobrados de forma abusiva a los usuarios.
- El phishing en Unicaja. La entidad adeuda a más de 5.000 ciudadanos asturianos las cantidades sustraídas de sus cuentas por fallos de ciberseguridad: 15 millones de euros en total, a una media de 3.000 € por afectado, sin que el banco les haya indemnizado de oficio.
- Las fianzas de la luz. Las grandes eléctricas retienen de forma irregular una media de 75 € por contrato en concepto de depósitos de garantía en 450.000 puntos de suministro de la región. Son más de 33,75 millones de euros que deberían volver de inmediato a los bolsillos de los usuarios.
- Un 5 % de los beneficios para vivienda social. Consumidores Asturias propone una reforma legislativa que obligue a las grandes corporaciones a destinar al menos el 5 % de sus beneficios anuales netos a un fondo público finalista de vivienda social y alquiler asequible. «Si las corporaciones asfixian nuestros ingresos, que financien el escudo habitacional».
- La supervisión de los reguladores. Dacio Alonso critica con dureza al Banco de España y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por actuar, a su juicio, como escudos burocráticos de la gran patronal: asisten con pasividad al pacto de márgenes en los supermercados, al efecto «cohete y pluma» en los carburantes y a la morosidad bancaria frente a las sentencias judiciales.
Para el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, el malestar va más allá de las cifras: «Además de las muchas razones exclusivamente económicas, la indignidad que sufrimos los ciudadanos asturianos con el tema del Huerna», señala Dacio Alonso.
Solidaridad con la plantilla de Alimerka
Además, la entidad manifiesta de forma expresa su respaldo a los trabajadores y trabajadoras de Alimerka. La organización denuncia que la dirección de la principal cadena de distribución alimentaria de la región desatiende de forma sistemática sus derechos laborales y sus descansos fundamentales.
«Resulta intolerable que una empresa que cimenta sus beneficios en la cercanía y el esfuerzo diario de su personal deteriore sus condiciones de trabajo y precarice sus tiempos de conciliación familiar. No hay consumidores soberanos sin trabajadores respetados», subraya Dacio Alonso, que hace un llamamiento a apoyar las reivindicaciones de la plantilla en esta jornada de lucha.
Llamamiento al «apagón de consumo» el 11 de noviembre
Para la jornada de huelga, Dacio Alonso invita a la ciudadanía a ejercer su derecho a la defensa de sus intereses mediante un «apagón de consumo» centrado en el gasto aplazable. Entre las medidas propuestas figuran evitar las compras en grandes superficies, posponer operaciones y transferencias en la banca digital, reducir el consumo energético prescindible en el hogar y no utilizar las autopistas de peaje.
«La huelga en plena campaña electoral es más que oportuna: estamos mandando un mensaje claro al próximo gobierno, que pone de manifiesto la realidad social», remarca Dacio Alonso. «Por el bien del mercado, primero los consumidores. Si nosotros paramos, ellos caen. Asturias se planta».
