La Unión de Consumidores de Asturias se reúne con la Consejería de Vivienda del Principado para plantear cuatro condiciones innegociables para proteger a las familias asturianas del crecimiento desorbitado del alquiler.
Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, compartió una jornada de trabajo colaborativa junto al consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, y al director general del área, Daniel Sánchez, en busca de una ley autonómica de vivienda que garantice la protección de la ciudadanía asturiana frente a la burbuja del alquiler.
«No hay escudo posible para las familias sin un marco legal autonómico», afirmaba Alonso tras el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería. El diagnóstico que se maneja no es nada nuevo, pero se refuerza avalado con cifras. Como ejemplo general, un joven asturiano con un sueldo medio de 1.800 euros —en una comunidad donde los salarios están entre los más bajos de Europa— tiene que destinar más de 700 euros al mes solo para pagar el alquiler.
Consumidores Asturias, que lleva meses participando en el debate sobre vivienda en la región, aprovechó la cita para salir al paso de quienes tachan de «intervencionismo» cualquier intento de regular el mercado del alquiler. Desde Consumidores Asturias recuerdan que ese mismo argumento —el del libre mercado sin ataduras— ya se puso a prueba en 2008, con una crisis inmobiliaria que terminó en desahucios masivos y en un rescate bancario que acabaron pagando todos los contribuyentes.
Cuatro condiciones innegociables
El grueso de la reunión giró en torno a cuatro peticiones que la Unión de Consumidores de Asturias considera innegociables y que ya ha puesto también sobre la mesa de Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto y pieza clave para que cualquier acuerdo salga adelante en la Junta General.
La primera tiene que ver con la vivienda protegida. Desde la entidad, se solicita que la VPO deje de descalificarse a los 20 años, algo que hasta ahora ha permitido que pisos construidos con dinero público acaben, con el tiempo, en el mercado libre y sujetos a la especulación. Dacio Alonso pide, directamente, que la protección sea vitalicia.
La segunda apunta a los pisos turísticos. Hay más de 27.000 plazas de uso vacacional repartidas por Asturias que están «canibalizando» el alquiler residencial y restando oferta a quienes buscan vivienda habitual.
La tercera pide que la figura de zona tensionada —ya aplicada en algunos concejos— pueda extenderse a toda la región, para evitar el «efecto frontera», es decir, la posibilidad de que una regulación en un municipio simplemente desplace la presión al de al lado.
Por último y no menos importante, un derecho subjetivo a la vivienda que se pueda reclamar ante los tribunales, siguiendo el modelo que ya funciona en el País Vasco.
«Se trata de cumplir la Constitución»
Para la Unión de Consumidores, poner coto a los precios y frenar la especulación es simplemente cumplir el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna. «Las familias asturianas no pueden esperar más», asegura Dacio Alonso, quien exige un acuerdo cerrado antes de que termine la legislatura.
Consumidores Asturias se había significado al respecto a comienzos de agosto, cuando el Principado declaró las primeras doce zonas de mercado residencial tensionado. Entonces la organización, que preside Dacio Alonso, calificó la medida como «el único freno legal» frente a los abusos en el alquiler y habló de un «acto de justicia social» en concejos como Gijón, Oviedo, Siero, Avilés, Gozón, Llanes y Cabrales.
Según Alonso, el alquiler ya se lleva entre el 30 y el 40 por ciento de los ingresos de muchas familias asturianas, y definió la declaración de zonas tensionadas como un «escudo económico» frente a la escalada de precios. La medida, explicó, limita las subidas al renovar contratos —atando la nueva renta a la anterior— y somete a los grandes tenedores al sistema estatal de índices de referencia, lo que también frena el desplazamiento vecinal en los barrios con más presión turística. Pidió entonces a las administraciones aplicarla «sin dilación». Desde entonces, la organización hace seguimiento de esos límites y ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos que detecten incumplimientos. Para Consumidores Asturias, las zonas tensionadas fueron un primer paso necesario pero insuficiente. Lo que se necesita es que se convierta en ley.
En paralelo a esa reivindicación, la organización ha lanzado una campaña para desmontar bulos sobre las zonas tensionadas, frente a lo que llaman un discurso alarmista. La regulación no enfrenta a inquilinos y propietarios, sino que beneficia a ambos, y lo ilustran con dos casos.
El primero, un caso real en La Arena (Gijón), un inquilino tenía un alquiler de 650 euros que el propietario pretendía subir a 800; con la zona tensionada, la subida queda limitada al IPC, lo que supone hasta 1.800 euros de ahorro al año, más prórrogas de hasta tres años y gastos de agencia a cargo del casero. En el mismo edificio, otra propietaria baja un 5% la renta (hasta 617 euros) accede a una deducción del 90% en el IRPF, que compensa con creces los 33 euros mensuales que deja de ingresar y le asegura un inquilino estable.
El segundo caso es hipotético. ¿Qué pasaría si Oviedo declarara zona tensionada el entorno de Teatinos y el HUCA, donde el precio ronda ya los 12 euros por metro cuadrado? Una sanitaria que paga 700 euros vería su renta congelada en vez de subir a 850 en la renovación, y un propietario que aplicara la misma rebaja del 5% obtendría idéntica deducción fiscal, mantendría una alta rentabilidad y reduciría el riesgo de impago.
La regulación no va en contra de nadie si no que asegura menos abusos en los precios para los inquilinos y más seguridad fiscal para los pequeños propietarios. Con esos números, Consumidores Asturias pregunta al Ayuntamiento de Oviedo si no debería dar ya el paso de solicitar también la declaración de zona tensionada.
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