La nueva Ley Vivienda en Asturias: garantía legal de un derecho esencial

• Denunciamos que el impacto económico y social de la pasada burbuja inmobiliaria llevó a los poderes públicos a la total indolencia e inacción para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a las familias asturianas.
• La Unión de Consumidores exige al Principado que agilice la aprobación de la futura Ley de Vivienda para frenar la nueva burbuja que se está gestando en Asturias.
• Exigimos que el derecho a la vivienda sea un derecho subjetivo como garantizan otras comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña.
• La Unión de Consumidores pide la inmediatez del programa de alquiler en Asturias para evitar que mucha vivienda vacía se dedique a vivienda turística por su mayor rentabilidad.

Asturias da un paso decisivo para convertir en una realidad el derecho a la vivienda. Al igual que ya se está haciendo en otras comunidades autónomas o desde el mismo Ejecutivo Central, el Principado presenta un anteproyecto de Ley de Vivienda de la mano de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

Con el fin de atajar las evidentes dificultades que la juventud y otros colectivos vulnerables enfrentan para acceder a una vivienda digna, el Principado asume su responsabilidad para atajar la emergencia habitacional a través de un marco jurídico que regule un alquiler asequible y una gestión eficaz del parque público. 

Ovidio Zapico, al frente de la Consejería, asegura que se producirá un “antes y un después” en la protección de uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Medidas frente a la emergencia habitacional

Ha pasado más de una década sin que viéramos medidas estructurales —desde 2010, cuando la burbuja inmobiliaria estalló dejando a miles de familias atrapadas en deudas y desahucios-. Ni promotores ni entidades financieras asumieron su culpa, y la avaricia del sector inmobiliario se ha terminado de imponer sobre el bienestar social. La crisis derivada de la burbuja inmobiliaria fue devastadora, y sus consecuencias siguen presentes: alquileres desorbitados, jóvenes sin posibilidad de emanciparse, y un mercado dominado por la especulación. Datos como el creciente incremento de precios de la vivienda en Asturias (un 13,5 % en el segundo trimestre) reflejan la mayor subida en 18 años y la urgencia de intervenir en el mercado inmobiliario.

Ante este contexto, el anteproyecto asturiano contempla consolidar un parque público de vivienda suficiente, garantizar condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, y facilitar el acceso a viviendas asequibles. Todo ello mediante herramientas de planificación, gestión y control.

La nueva normativa incorpora medidas concretas para ampliar la oferta de vivienda y asegurar que las acciones adoptadas sean efectivas. Por un lado, la intervención directa del Ejecutivo autonómico —con la construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles— y, por otro, la colaboración con el sector privado.

Actualmente, el Gobierno asturiano impulsa la edificación de nuevas viviendas, principalmente en Oviedo. El objetivo es superar las 10.000 viviendas gestionadas directamente por la administración autonómica.

Entre los instrumentos clave de la futura Ley de Vivienda, destaca el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida (SAVP) que, de forma estructural y permanente, ordenará el acceso, gestión y control de los inmuebles públicos o privados, blindando su uso para un alquiler asequible y evitando su venta en el mercado. Aparecen también como novedad los organismos del Observatorio Asturiano de la Vivienda, datos actualizados sobre precios, oferta, demanda y barreras de acceso; el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, centralizando listas de espera y estableciendo criterios objetivos de acceso; y el Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas, encargado de la identificación de viviendas vacías y promoviendo su rehabilitación o reincorporación al parque de alquiler social. Además, las condiciones de protección pública aseguran que las viviendas protegidas y de carácter público sólo podrán destinarse al alquiler asequible y se prohíbe expresamente su venta a terceros para explotación en el mercado libre.

Siendo la vivienda una de las mayores preocupaciones de la sociedad española, el anteproyecto apela a la responsabilidad compartida. Indistintamente del ámbito al que pertenezcan los actores sociales, resulta imprescindible pasar de los discursos a las políticas concretas que faciliten soluciones habitacionales. El cumplimiento de los derechos fundamentales y la cohesión social deben estar por encima de la rentabilidad especulativa. La vivienda no puede seguir siendo un bien de lujo ni un instrumento de rentabilidad especulativa. 

La construcción de nueva vivienda conlleva mucho tiempo -pensemos en la modificación de planeamiento urbanístico, acondicionamiento del suelo, urbanización y construcción-. Se deben adoptar medidas urgentes para sacar al mercado las viviendas vacías y que den lugar a rentas asequibles, además de desincentivar la segunda vivienda y la turística. Todo ello, respaldado con medidas fiscales de apoyo en un sentido y mayor carga en otro; y con una agencia pública de gestión de alquileres, que garantice a los propietarios el cobro de las rentas y la indemnización de la vivienda.

Es importante que se instaure un parque público de vivienda social, no sólo de nueva construcción, también adquiriendo viviendas para alquiler -por ejemplo a SAREB, las que tienen los bancos por ejecuciones hipotecarias, cuando sea posible… -, con prohibición de ventas a terceros. Así se podría evitar lo que ya ha ocurrido en Madrid con la venta a fondos de inversión.

El reto: hacer real lo que hoy aún es excepcional

Reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo implica transformar la arquitectura institucional. Supone dotar de presupuesto a las políticas públicas, construir vivienda social suficiente y establecer mecanismos de emergencia habitacional eficaces. También exige cambiar la mentalidad de las administraciones públicas, que deben pasar de la mera promoción a la responsabilidad jurídica directa. La experiencia de Cataluña demuestra que este camino no solo es posible, sino también útil para proteger a las personas más vulnerables. Mientras tanto, muchas familias en otras regiones siguen dependiendo de la buena voluntad de las autoridades o de recursos limitados, sin herramientas reales para reclamar.

El futuro del derecho a la vivienda en España pasa, en buena medida, por su efectiva subjetivación. Solo así dejará de ser un ideal constitucional para convertirse en lo que nunca debió dejar de ser: un derecho real.

La Unión de Consumidores de Asturias anima a aprobar con agilidad esta ley, convencidos de que la ciudadanía espera, muy pronto, la entrada en vigor de una normativa capaz de transformar la realidad de miles de hogares.

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