
Cuatro años después de interponer la denuncia, el expediente sigue oculto. El consistorio ignora los requerimientos formales del concejal instructor y la alcaldesa. Mientras, Oviedo demuestra que otra forma de actuar es posible con sus carteles informativos sobre los derechos de los asistentes a conciertos.
La Unión de Consumidores de Asturias ha presentado una denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias contra el Ayuntamiento de Avilés. La decisión responde a un bloqueo institucional sistemático del expediente sancionador contra el Reggaeton Beach Festival por prohibir la entrada con comida y bebida del exterior, una práctica que vulnera la Ley Asturiana de Espectáculos Públicos.
Según Dacio Alonso, presidente de la organización, “la forma de hacer transparencia de los gobiernos municipales es muy distinta”. Esta afirmación cobra especial importancia cuando se constata que, tras cuatro años de espera, el Ayuntamiento de Avilés mantiene un silencio que evidencia un tratamiento desigual de las demandas ciudadanas.
En julio de 2022, Consumidores Asturias interpuso una denuncia formal contra la prohibición ilegal de acceder al recinto con comida y bebida adquirida fuera. El consistorio no se movió hasta noviembre de 2022, solo entonces el Ayuntamiento notificó la apertura de un expediente sancionador.
Hoy, casi cuatro años después, el expediente sigue sin resolverse. La Unión de Consumidores de Asturias sostiene que el bloqueo administrativo ha permitido que caduquen los plazos legales de forma intencional. “No es un despiste administrativo. Es una decisión consciente de la alcaldesa y su concejal instructor para favorecer a los organizadores del festival frente a los derechos de los asturianos”, afirma Alonso con contundencia.
La batalla de Consumidores Asturias por los derechos de los espectadores se remonta mucho más atrás. En realidad, la organización ha estado denunciando sistemáticamente este incumplimiento durante veinte años. Como señala Alonso: “llevamos veinte años denunciando este incumplimiento. Somos la única comunidad autónoma que consiguió este derecho”.
El presidente de Consumidores Asturias explica que el inicio de la Ley de Espectáculos Públicos del Principado de Asturias vino porque a los niños pequeños se les cacheaba a la entrada de los cines para quitarles las golosinas. “Esto se nos denunció desde Avilés, precisamente. Aunque era una dinámica habitual en todas partes”, aclara Alonso. Esa norma, conseguida tras años de lucha, debería garantizar hoy que los asistentes a eventos puedan traer su propia comida y bebida.
Sin embargo, el Reggaeton Beach Festival ha continuado vulnerando de forma flagrante estos derechos, y el consistorio avilesino ha optado por la inacción como respuesta.

“El caso de Avilés es el mayor desprecio que se puede tener hacia los derechos de los consumidores”, señala Alonso. La frustración es comprensible cuando se analiza la cronología de los hechos. una denuncia efectuada en julio de 2022, cuatro años de espera para una respuesta, y ahora el riesgo de que todo prescriba sin resolución alguna.
La organización advierte que el ayto de Avilés se limitó a comunicar la apertura del expediente sancionador. Cuatro años después no se sabe nada más, siendo el silencio administrativo la respuesta. Se temen que, por el tiempo transcurrido, esté prescrito.
Para Consumidores Asturias no se trata únicamente de imponer una sanción económica al organizador. Como explica Alonso, “nuestro objetivo no es solo la sanción, sino que se respeten los derechos y que la gente pueda ejercerlos pacíficamente y disfrutar del espectáculo”.
La organización ha agotado las vías de diálogo. Requirió explicaciones al concejal instructor, que respondió con silencio. Luego acudió a la alcaldesa, que replicó con la misma opacidad. Es por ello que Consumidores Asturias ha decidido escalar el caso ante el Consejo de Transparencia.
Si la respuesta vuelve a ser negativa, la organización no dudará en ir a Fiscalía, ya que, en palabras de Dacio Alonso, “en tal caso estaremos ante una asunción de prevaricación administrativa. Es muy grave lo que está pasando. No vamos a permitir que a los ciudadanos se les tome el pelo de esta manera”.
El ejemplo de Oviedo

Por el contrario, para Consumidores Asturias, Oviedo constituye un ejemplo de buenas prácticas. El consistorio ovetense instaló, el año pasado, carteles informativos en los accesos a conciertos explicando el derecho a entrar con comida y bebida del exterior. Un Alonso recuerda: “Pusimos denuncia en Oviedo en conciertos como el de Melendi o Marc Anthony. Tras esto, y por primera vez, un Ayuntamiento toma partida de forma inequívoca a favor del consumidor”. La diferencia radica en una voluntad política explícita de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos, algo que debería ser la norma en cualquier municipio.
Como señala el Presidente de Consumidores Asturias: “queremos poner en valor a quien hace bien las cosas y que sirva para hacer pedagogía general”. Por esta razón, Consumidores Asturias enviará estos carteles y su protocolo al Ministro de Consumo, como ejemplo a replicar en todo el Estado. El Ministerio de Consumo lleva abiertos varios expedientes por este mismo abuso a nivel nacional. Cada ciudad busca su festival de referencia de verano, para que se conviertan en atracción turística y económica. Sin embargo, cuando esos festivales se erigen sobre la base de vulnerar derechos de los consumidores, la cuestión se vuelve urgente.
