Consumidores Asturias denuncia en “apartheid digital” de las energéticas

El 12 de junio expiró el plazo del Real Decreto 88/2026 para devolver de oficio entre 80 € y 120 € por hogar en concepto de fianzas. La asociación activa reclamaciones directas contra las comercializadoras exigiendo su responsabilidad solidaria por ventanilla única.

La Unión de Consumidores de Asturias anuncia una ofensiva legal sin precedentes en el Principado y el lanzamiento de una campaña de reclamación masiva para frenar lo que califica como «un atropello corporativo planificado» por parte de las grandes multinacionales de la luz y el gas. La organización denuncia una doble y gravísima vulneración de derechos: la retención indebida de millones de euros en concepto de fianzas residenciales y el uso de la digitalización forzosa como pantalla para ocultar estos reembolsos a la población con menor capacitación digital de la comunidad.

La Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero, establecía que el pasado 12 de junio de 2026 vencía el plazo máximo, imperativo e improrrogable para que se devolvieran de oficio y de forma automática los depósitos de garantía cobrados históricamente a los usuarios. En Asturias, el reembolso estimado se sitúa entre los 80 y los 120 euros por vivienda combinada de luz y gas. Transcurrido el plazo legal, las compañías mantienen congelado este dinero de manera unilateral.

La asociación ha anunciado un cambio de estrategia jurídica. Las reclamaciones se dirigirán directamente contra las empresas comercializadoras —las compañías que emiten los recibos mensuales— exigiendo su responsabilidad solidaria bajo el principio de ventanilla única de consumo.

«El consumidor firmó su contrato con la comercializadora y es a ella a quien paga religiosamente cada mes; por tanto, es ella quien debe reintegrar el dinero inmediatamente en la factura del usuario y pelearse de forma interna con la distribuidora de turno para recuperar los fondos», sostiene Dacio Alonso, presidente de la entidad.

Un abuso que afecta al 100% de los contratos y duplica el castigo a la pobreza

Esta devolución obligatoria no solo afecta a quienes se dan de baja, sino al 100% de los consumidores con contratos activos. A absolutamente todos los usuarios se les exigió y cobró la fianza en su día. Al dar de alta el suministro en la vivienda, al realizar cualquier cambio de compañía comercializadora o al solicitar un aumento de los kilovatios (kW) de potencia eléctrica.

El escenario adquiere tintes de extrema gravedad al analizar el perfil de los afectados que sufrieron la pasada crisis económica. Miles de hogares asturianos vulnerables padecieron cortes de suministro por impago. La asociación denuncia la crueldad del protocolo de las energéticas. Para recuperar el servicio, además de obligarles a liquidar las deudas, se impuso a estas familias el pago de una fianza completamente nueva bajo el concepto de derechos de reconexión.

«Estamos ante un ensañamiento intolerable. A las familias asturianas que peor lo pasaron, las multinacionales les impusieron el castigo de una doble fianza. Ahora que la ley las obliga a devolver todo ese capital de oficio, las compañías guardan un silencio cómplice. Exigimos la restitución inmediata de cada euro confiscado a las familias que sufrieron la pobreza energética», reclaman Dacio Alonso.

Una práctica ilegal tumbada por el Tribunal Supremo frente al «apagón informativo»

La inmensa mayoría de los afectados ni siquiera es consciente de que las energéticas les adeudan este dinero debido a una práctica corporativa de ocultación sistemática, la eliminación del recibo físico en papel para imponer el formato electrónico por defecto.

Esta estrategia es rotundamente ilegal. Una sólida y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo —con sentencias de referencia como la STS 722/2024— ratifica que la entrega de facturas en papel es un derecho de consumo incondicional e irrenunciable. Las multinacionales no pueden sustituirlo por el formato electrónico mediante cláusulas ocultas; la ley exige de forma obligatoria un consentimiento previo, expreso, por escrito y firmado de forma independiente por el usuario. Al no existir este documento, las energéticas están operando al margen de la ley.

El impacto de este abuso se vuelve especialmente grave en el Principado de Asturias, una de las regiones más envejecidas de Europa, donde el 40% de la población supera ya los 65 años. Miles de personas de avanzada edad, muchas de ellas en el ámbito rural, se encuentran en una situación de absoluto «apagón informativo». Al privarles de su factura física, las compañías bloquean de facto su capacidad de comprobar que se les está reteniendo su dinero. A esta brecha se añade la trampa de los SMS detectada por la asociación. Las eléctricas pretenden obligar a las personas mayores a acceder a enlaces web externos mediante mensajes de texto para tramitar el cobro, eludiendo el reembolso directo en el recibo y exponiéndolos a graves riesgos de ciberestafas como el smishing.

Llamamiento a la solidaridad familiar y activación de herramientas gratuitas

Anteeste escenario de indefensión, la Unión de Consumidores de Asturias hace un llamamiento público a la solidaridad intergeneracional. La organización pide activamente a los hijos, nietos y familiares de los consumidores mayores en Asturias que tomen la iniciativa, recopilen los recibos de sus padres o abuelos, localicen sus contratos y gestionen la reclamación en su nombre para romper la barrera tecnológica. Si la juventud asturiana no actúa como escudo, millones de euros propiedad de la clase pasiva se quedarán de forma ilícita en las cuentas de las multinacionales.

Para canalizar de inmediato la respuesta ciudadana, la asociación activará en los próximos días un plan de contingencia gratuito en su portal web consumidor.es, con dos vías de actuación:

• Vía exclusiva para asociados: Un modelo de reclamación blindado que exige a la comercializadora la devolución de todas las fianzas aportadas (incluidas las de reconexión), la restitución obligatoria de la factura en papel y la liquidación de los intereses de demora legales (fijados en el 3,25% anual) acumulados desde el 13 de junio. Los servicios jurídicos tutelarán todo el proceso de forma directa.
  
• Registro abierto para no asociados: Cualquier ciudadano de Asturias puede registrar sus datos básicos de forma gratuita en la web para descargarse instantáneamente el modelo genérico unificado de reclamación y presentarlo ante su comercializadora de forma inmediata.
  

Consumidores Asturias concede un plazo improrrogable de 14 días naturales a las compañías para ingresar los fondos. De persistir el silencio o las respuestas evasivas, se interpondrán denuncias en bloque ante la Consejería de Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), exigiendo la imposición de sanciones severas por infracciones graves en materia de consumo y mercado energético.

Importe estimado a recuperar por vivienda media en Asturias

Nota: A esta cantidad habrá que sumarle los intereses de demora (3,25% anual) devengados desde el 13 de junio de 2026 por cada día de retraso en la devolución.

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