Hasta 300.000 asturianos, el 30% de la población de la región, pueden beneficiarse del plan anticrisis impulsado por Consumidores Asturias.
La iniciativa ‘Trilogía’ de UCE Asturias reúne ya a más de 3.000 asturianos que están recuperando hasta 10.000€ que les cobraron de forma abusiva. Los plazos son clave en esta campaña.
En un contexto internacional inestable, la economía familiar queda bajo las cuerdas
La guerra en Oriente Medio ha disparado los precios del combustible con un impacto directo en la cesta de la compra de los asturianos. Si a todo ello se sumamos la subida del 1% de la inflación y la denegación de la prórroga de los alquileres por parte del PP, Vox y Junts, nos enfrentamos a un panorama preocupante para la economía doméstica, tanto en el presente como en el futuro inmediato.
Ante este escenario, la Unión de Consumidores de Asturias propone una solución eficaz. Reclamar lo que los tribunales han reconocido que la banca y las grandes empresas deben al ciudadano medio. Cantidades reales, que pertenecen a las familias asturianas por derecho propio, y que pueden superar los 10.000 euros.
Tres frentes de reclamación, una sola iniciativa
Cártel de los coches
En Asturias se estima que más de 140.000 consumidores pudieron verse perjudicados por las prácticas del cártel de coches, aunque solo alrededor del 2% ha iniciado ya los trámites para reclamar. El origen del problema se remonta a 2015, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a la mayoría de fabricantes por intercambiar información comercial sensible, una conducta que permitió coordinar precios y condiciones tanto en la venta como en la posventa de vehículos en España. Estas infracciones fueron posteriormente ratificadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, consolidando la existencia de un perjuicio económico directo para los compradores. Con las reclamaciones colectivas llevadas a cabo por Consumidores Asturias, los consumidores un total de entre 1.500 y 3.000 euros por vehículo, además de intereses y costas.
Gastos hipotecarios y cláusula suelo
Las familias que firmaron una hipoteca entre 1995 y 2019 tienen derecho a recuperar los gastos cobrados de forma abusiva por su entidad bancaria, incluso en caso de que el préstamo ya haya sido cancelado. Así lo establece la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declara nula por abusiva la cláusula de gastos habitualmente incluida en este tipo de contratos.
Los conceptos reclamables incluyen los gastos de notario, registro, gestoría y tasación, con posibilidad de recuperar el 100% de dichos importes, más un 50% adicional en caso de sanción. La media de lo recuperado se sitúa entre los 2.000 y los 4.000 euros por contrato.
La presentación esta reclamación no afecta a la hipoteca en vigor, al tipo de interés aplicado ni a la relación del cliente con su entidad financiera.
Tarjetas de crédito de pago aplazado o “revolving”
Las personas que hayan adquirido en algún momento tarjetas de crédito de pago aplazado —conocidas como tarjetas revolving— pueden tener derecho a recuperar todas las cantidades abonadas por encima del capital prestado. El Tribunal Supremo las ha declarado ilegales por falta de transparencia y por aplicar intereses usurarios, habitualmente superiores al 20-25% TAE, lo que permite solicitar la nulidad del contrato y reclamar hasta 10.000 euros por contrato.
Entre los indicios que permiten identificar un producto reclamable figuran: un TAE superior al interés medio del mercado en el momento de la contratación, la inclusión de seguros no solicitados, o la falta de información clara sobre el sistema de amortización. Las entidades más frecuentes son WiZink, CaixaBank, Carrefour Pass, Cofidis, BBVA, Santander y Sabadell, entre otras.
Alerta de plazos: el tiempo corre en contra
La Unión de Consumidores de Asturias alerta a todos los afectados: los plazos para reclamar son limitados. En especial, en el caso del Cártel de Coches, el tiempo disponible para ejercer la acción legal es un factor determinante, ya que las reclamaciones colectivas finalizan en los próximos meses. Si no se actúa ahora, se puede perder definitivamente el derecho a recuperar el dinero.
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