El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo dicta la resolución colectiva más cuantiosa lograda hasta ahora en la región.
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo ha dictado sentencia condenatoria contra Toyota. La resolución obliga al fabricante japonés a indemnizar a 93 socios y socias de la Unión de Consumidores de Asturias que compraron vehículos entre 2006 y 2013, años en los que la marca participó en el denominado cártel de los coches. Con los intereses legales acumulados desde la fecha de cada compra, la cifra total supera los 240.000 euros —entre 1.500 y 3.000 euros por vehículo—, lo que sitúa a este fallo como el más cuantioso obtenido en Asturias en el marco de esta campaña colectiva.
José Antonio Ballesteros, doctor en Derecho y abogado de la organización, dirigió la acción judicial. Su trabajo permitió acreditar ante el tribunal el sobreprecio que cada comprador pagó de más por su vehículo. El juez da por válidos los informes periciales aportados por la representación de los afectados, condena a Toyota al pago de las costas del proceso y fija los intereses desde el momento en que se abonó cada factura, no desde la presentación de la demanda.
Un fraude coordinado durante más de una década
Para entender por qué existe este derecho a reclamar hay que volver a 2015. Ese año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sanciones a la práctica totalidad de los fabricantes de automóviles que operaban en España. La razón fue que durante más de catorce años habían intercambiado entre sí información comercial confidencial —datos de precios, márgenes, condiciones de venta y posventa— que en ningún caso debería haber salido de cada empresa. Ese intercambio les permitió actuar de manera coordinada en el mercado, evitando la competencia real y manteniendo los precios artificialmente elevados.
Ni la Audiencia Nacional ni, posteriormente, el Tribunal Supremo dejaron margen a la duda. Determinaron que las conductas eran ilegales y habían causado un perjuicio económico directo a los compradores. En Asturias, más de 140.000 personas adquirieron un vehículo durante ese periodo. La mayoría pagó de más sin saberlo. Sin embargo, apenas un 2% ha iniciado los trámites para recuperar ese dinero.
El Supremo refuerza la posición de los afectados
La situación jurídica de quienes aún no han reclamado es hoy más favorable que nunca. En mayo de 2026, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó la sentencia 1956/2026, en la que reconoce por primera vez la responsabilidad solidaria impropia entre los fabricantes del cártel. La consecuencia práctica es relevante. Un comprador puede reclamar al fabricante que prefiera, aunque ese no fuera exactamente quien le vendió el coche. El demandado tiene que responder por el daño total y ya se encargará él, si quiere, de reclamar a sus socios en el cártel.
Con este fallo, el Supremo cierra la puerta a uno de los argumentos que las marcas habían utilizado con más frecuencia para frenar las reclamaciones individuales. «Ahora ningún juez puede ignorar que los cartelistas responden solidariamente. Es el momento de actuar», afirma Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. La condena a Toyota es la undécima sentencia colectiva favorable que logra la organización. En conjunto, sus socios y socias han recuperado ya más de 500.000 euros.
Los cinco centros de la organización —en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo— han atendido ya a cientos de personas desde que arrancó la campaña, y los juzgados acusan la presión del volumen de asuntos. Cuanto antes se presente el expediente, menos probabilidades hay de que los plazos procesales se alarguen por saturación.
Financiación en concesionario: otra vía abierta para reclamar
Al margen del cártel, la Unión de Consumidores de Asturias acaba de poner en marcha una segunda campaña de reclamaciones. Esta va dirigida a quienes financiaron la compra de su vehículo directamente a través del concesionario. Muchos de esos contratos incorporaron cláusulas abusivas que pueden impugnarse judicialmente. Se trata de una reclamación independiente, compatible con la del cártel, que puede generar una indemnización adicional.
Marcas condenadas hasta la fecha
Si compraste un vehículo nuevo o KM-0 entre 2006 y 2013, puedes informarte sin compromiso en cualquiera de las oficinas de la Unión de Consumidores o llamando al 900 50 10 60 (número gratuito).
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