- Unión de Consumidores de Asturias advierte de la urgencia para reclamar, ya que aunque se amplió el plazo, éste expira el 30 de junio de 2026.
- Tan sólo un 2% de los asturianos afectados ha reclamado su indemnización.
El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Oviedo dicta una resolución que refuerza la posición de los afectados por el cártel de los coches entre 2006 y 2013. En esta ocasión, la magistrada condena a Hyundai Motor España, S.L. a indemnizar a 11 compradores por el sobreprecio pagado en la adquisición de sus vehículos, fijando una compensación conjunta que asciende a casi 15.000 €. La resolución obliga a indemnizar a los consumidores un total de entre 1.500 y 3.000 euros por vehículo, además de intereses y costas.
La acción colectiva, impulsada por la Unión de Consumidores de Asturias, ha sido liderada por José Antonio Ballesteros, doctor en Derecho y abogado de la organización. Su labor procesal ha permitido acreditar el perjuicio económico sufrido por los demandantes y consolidar una nueva victoria judicial dentro del marco de reclamaciones colectivas.
Un fallo que confirma el daño causado por el cártel de los coches
El tribunal considera acreditado que Hyundai participó en un intercambio ilícito de información sensible con otros fabricantes, una práctica que distorsionó el mercado y provocó un sobrecoste directo para los compradores, motivo por el que la sentencia reconoce el daño causado y fija indemnizaciones individuales que, en conjunto, rondan los 15.000 €, al tiempo que subraya varios elementos esenciales del fallo: el reconocimiento expreso del sobreprecio derivado de conductas anticompetitivas, la aplicación de intereses legales desde la fecha de adquisición de cada vehículo, la condena en costas a Hyundai Motor España, la plena validez otorgada a los informes periciales presentados por la representación de los afectados y el refuerzo de la vía colectiva como herramienta eficaz para canalizar este tipo de reclamaciones.
Un contexto marcado por la urgencia: la cuenta atrás para reclamar
Las recientes resoluciones judiciales, incluida la de Oviedo, subrayan que el derecho a reclamar no es indefinido. El plazo de prescripción expira el 30 de junio de 2026.
El presidente de la entidad, Dacio Alonso, ha advertido que “una vez superada esa fecha, los afectados perderán definitivamente el derecho a indemnización”. Esta advertencia cobra especial relevancia en un momento en el que miles de consumidores aún no han iniciado su reclamación, pese a que las sentencias favorables se multiplican en toda España.
La normativa de competencia establece un plazo concreto para ejercer acciones de daños y la sentencia del Tribunal Supremo que consolidó la responsabilidad del cártel activó el cómputo del plazo. Además, las acciones colectivas, como la de Unión de Consumidores de Asturias, se rigen por un calendario específico que no puede ampliarse más allá del 30 de junio de 2026.
En Asturias se estima que más de 140.000 consumidores pudieron verse perjudicados por las prácticas del cártel de coches, aunque solo alrededor del 2% ha iniciado ya los trámites para reclamar. El origen del problema se remonta a 2015, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a la mayoría de fabricantes por intercambiar información comercial sensible, una conducta que permitió coordinar precios y condiciones tanto en la venta como en la posventa de vehículos en España. Estas infracciones fueron posteriormente ratificadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, consolidando la existencia de un perjuicio económico directo para los compradores.
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