- El Ministerio de Transportes intenta frenar la sanción a AUCALSA solicitando personarse en el expediente abierto por la Dirección General de Consumo del Principado.
- La Unión de Consumidores de Asturias denuncia que el Ministerio de Transportes se ha ofrecido como «escudo judicial» de la concesionaria de la AP-66 en pleno procedimiento sancionador.
La Unión de Consumidores de Asturias ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para denunciar de forma implacable la doble e impresentable actuación del Ministro de Transportes, Óscar Puente, en el escándalo de la autopista del Huerna (AP-66). El presidente de la organización, Dacio Alonso, ha desenmascarado la estrategia de un Ministerio que comete un doble atropello intolerable contra la ciudadanía asturiana: se niega a revertir la chapuza arbitraria del año 2000 que la Comisión Europea le exige anular, y ahora pretende impedir que se aplique la Ley de Consumidores ante las flagrantes prácticas abusivas de una concesionaria que cobra el 100% del peaje por un servicio que no presta.
Exigencia al Principado: Resolución ya para activar la demanda de 8.000 asturianos
Ante este escenario de bloqueo institucional provocado por Madrid, la Unión de Consumidores ha lanzado una exigencia firme y urgente al Gobierno del Principado de Asturias: el expediente sancionador debe resolverse sin más dilaciones.
«No podemos permitir que las maniobras de Óscar Puente congelen los plazos», ha advertido Dacio Alonso. «Exigimos al Principado que cierre y firme ya la resolución sancionadora de Consumo. Necesitamos ese documento oficial para llevar de inmediato a los juzgados a las más de 8.000 personas que ya se han dado de alta en nuestro registro de afectados, con el objetivo de recuperar hasta el último céntimo cobrado de forma ilegal y abusiva». La organización recuerda que la sanción administrativa es el pilar jurídico imprescindible para que miles de asturianos puedan exigir la devolución de su dinero por la vía civil.
Los usuarios no contratan con el Ministerio, es un contrato privado de Consumo
La Unión de Consumidores ha querido dejar meridianamente claro el marco jurídico en el que se mueve este conflicto, desmontando los intentos de Óscar Puente de coartar las competencias del Principado bajo el falso pretexto de defender la titularidad estatal de la infraestructura. Alonso ha sido tajante: «Los usuarios de la autopista no contratan con el Ministerio de Transportes; contratan con la empresa privada que goza —aunque sea de forma ilegal— de la concesión».
Lo que analiza el expediente de la Dirección General de Consumo del Principado, tras la denuncia previa de la Unión de Consumidores de Asturias, no es la ingeniería de la carretera, sino si el contrato de servicios entre el usuario y la concesionaria contiene cláusulas y prácticas abusivas. En esta materia, la competencia autonómica de protección al consumidor es exclusiva, plena y cuenta con el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El desglose de un fraude: 1.100.000 euros de sanción
La resolución de Consumo ratifica punto por punto la denuncia originaria de la organización y confirma que la conducta de AUCALSA constituye un abuso sistemático tipificado con dos sanciones contundentes:
- Sanción de 100.000 € (Infracción GRAVE): Ocultación de información. AUCALSA no facilitó de forma exhaustiva la información real de la que disponía sobre el estado de la vía. Al ocultar la realidad, hurtó a los conductores el derecho a elegir con plena libertad si transitaban por el Huerna en esas condiciones o utilizaban una ruta alternativa.
- Sanción de 1.000.000 € (Infracción MUY GRAVE): Cobro abusivo por servicio no prestado. Obligar a los usuarios a pagar el 100% de la tarifa cuando las obras y los desvíos se extienden por el 40% de la infraestructura (30 kilómetros). Cobrar el precio íntegro por un servicio drásticamente recortado es una práctica abusiva por desproporción. Por su volumen económico, esta multa ya cuenta con la aprobacion preceptiva al Consejo de Gobierno del Principado.
Giro estratégico: Óscar Puente, al banquillo de los acusados
La Unión de Consumidores de Asturias ha anunciado un giro radical en su estrategia jurídica y celebra que el Ministerio de Transportes haya ejercido su derecho legal a personarse en las actuaciones. «No vamos a rechazar su presencia. Al contrario, nos viene perfecto que esté dentro», ha explicado Dacio Alonso. «AUCALSA ya se está defendiendo judicialmente alegando que se limitó a ejecutar lo que el propio Ministerio le ordenaba. Por lo tanto, al personarse, Óscar Puente entra al expediente directo como responsable subsidiario de los abusos de la empresa y responderá patrimonialmente por la chapuza que él mismo autorizó y financió con dinero público».
Alonso ha exigido al Ministro que explique públicamente por qué sigue bloqueando de forma sistemática la revisión de oficio del Real Decreto del año 2000, que regaló a dedo una prórroga de 29 años a la concesionaria hasta el año 2050 de forma contraria al derecho comunitario.
«La vía penal para castigar aquella prevaricación del año 2000 lamentablemente ya ha prescrito, pero la vía civil y patrimonial sigue plenamente viva. La Comisión Europea exige en su dictamen motivado recuperar la legalidad del mercado único frente a un contrato adjudicado sin luz ni taquígrafos».
La Unión de Consumidores concluye advirtiendo a Óscar Puente que su intento de actuar como «abogado defensor» y escudo judicial de los más de 8 millones de euros en beneficios anuales de AUCALSA ha fracasado. Al irrumpir en el expediente sancionador de Consumo, el Gobierno de España queda retratado ante la ciudadanía y atrapado en su propia responsabilidad civil por amparar un atraco diario e intolerable en nuestra autopista del Huerna.
Ficha técnica y económica: el fraude del peaje del Huerna en cifras
1. El Expediente Sancionador de Consumo (a instancias de la Unión de Consumidores)
La Dirección General de Consumo del Principado de Asturias propone una sanción total de 1.100.000 € a la concesionaria AUCALSA tras constatar que la relación entre la empresa y los conductores constituye un contrato privado con prácticas manifiestamente abusivas:
Sanción de 100.000 € (Infracción GRAVE): ocultación de información esencial.
AUCALSA no facilitó de forma exhaustiva la información real de la que disponía sobre el estado de la autopista. Al hurtar estos datos, impidió que los usuarios pudieran ejercer su derecho a la libre elección: decidir si pagaban por transitar en esas condiciones o utilizaban una vía alternativa gratuita.
Sanción de 1.000.000 € (Infracción MUY GRAVE):oCobro abusivo por servicio no prestado.
Obligar a los conductores a pagar el 100% del peaje cuando el 40% de la autopista (30 kilómetros) se encuentra empantanado por obras y desvíos. Cobrar la tarifa íntegra por un servicio recortado es una práctica abusiva por desproporción. (Nota: Por el volumen de la cuantía, esta sanción ya ha sido remitida al Consejo de Gobierno del Principado para su autorización preceptiva).
Datos comparativos: el Huerna (Asturias) vs. Puente de Rande (Galicia)
La jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso de la AP-9 (Audasa) ya determinó que las tarifas de las autopistas son máximas y no obligatorias, por lo que cobrar el 100% en obras es ilegal. Sin embargo, el caso asturiano es infinitamente más grave.
| Criterio de impacto | Caso Puente de Rande (AP-9 Galicia) | Caso Autopista del Huerna (AP-66 Asturias) |
| Tramo afectado por las obras | 5 kilómetros | 30 kilómetros (40% de la autopista) |
| Financiación de los trabajos | Fondos privados de la concesionaria | Doble financiación: Dinero público de los contribuyentes |
| Retraso acumulado | Plazos habituales de obra | Casi un año de demora (10 meses de retraso) |
La radiografía del negocio protegido por el Ministerio
- Beneficio Neto de AUCALSA: Más de 8.000.000 € anuales de beneficio, obtenidos exprimiendo el bolsillo de los asturianos mediante el cobro íntegro de una tarifa de alta velocidad por una carretera deficiente.
- La Prórroga Ilegal del año 2000: El Ministerio de Transportes sigue bloqueando la revisión de oficio del Real Decreto que regaló «a dedo», sin luz ni taquígrafos, una prórroga de 29 años adicionales (de 2021 a 2050) a la concesionaria. Una ampliación que la Comisión Europea exige anular mediante un dictamen motivado por vulnerar frontalmente el derecho comunitario y la libre competencia del mercado único.
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