La organización, pionera en denunciar a la concesionaria y en exigir justicia para los conductores del Huerna, valora la sanción del Principado como un paso insuficiente y anuncia el inicio inmediato de demandas civiles masivas y sin coste para los más de 8.000 afectados registrados
«No tiene ningún efecto disuasorio; para una empresa que factura 50 millones al año, la multa es un simple coste operativo», Dacio Alonso, presidente de UCE Asturias, considera muy tibia la sanción impuesta por el Principado.
La Unión de Consumidores de Asturias ha valorado la resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de imponer una sanción de 1.100.000 euros a Autopista Astur-Leonesa, S.A. (Aucalsa) por infracciones muy graves en materia de consumo. La organización, primera entidad en denunciar formalmente a la concesionaria del Huerna y en reclamar la devolución de los peajes cobrados durante las obras, celebra que la Administración autonómica haya dado por fin la razón a los conductores, pero advierte de que el importe de la multa se queda muy corto frente al perjuicio real causado a los usuarios.
Una multa que la propia empresa puede pagar con lo que gana en unas semanas
Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, ha puesto sobre la mesa las cifras reales de la concesionaria de la AP-66. Aucalsa factura una media de 50 millones de euros anuales, de los que más de 8 millones son beneficio neto directo. «Para una empresa que gana 8 millones de euros al año a costa de un servicio degradado, una multa de 1,1 millones no es un castigo, es un coste operativo más. Se lo pueden permitir sin que les tiemble el pulso», declara Alonso.
Para la organización, sancionar con poco más de un millón de euros a una empresa que ha seguido cobrando el peaje íntegro —16,20 euros para turismos tras la subida de 2026— con el 40% del trazado afectado por obras estructurales, convierte la multa en un simple coste operativo, asumible sin alterar un ápice el negocio. «Nosotros pedíamos hasta 60 millones de euros, cinco veces el beneficio ilícito obtenido. Esa es la única cifra que tiene sentido si de verdad se quiere disuadir a Aucalsa de seguir haciendo negocio a costa de los conductores», ha añadido el presidente de la Unión de Consumidores.
Una lucha que la asociación inició hace más de un año
La Unión de Consumidores de Asturias fue la primera organización en poner el foco público sobre el Huerna, cuando en octubre de 2025 calificó el cobro del peaje como “manifiestamente ilegal” y puso en marcha un registro de afectados para reclamar la devolución de lo pagado desde el inicio de las obras. Meses después, en febrero de 2026, la asociación fue también la primera en cifrar el beneficio ilícito de Aucalsa y en exigir la devolución inmediata a los conductores, y poco después llevó el caso a la Fiscalía Superior de Asturias por un presunto delito de estafa. «Llevamos más de un año diciendo lo mismo, cuando nadie más lo decía. Hoy la propia Administración nos da la razón con esta sanción, pero la sanción llega tarde y llega corta», ha subrayado Alonso.
El escándalo de la doble financiación
Alonso ha denunciado con especial dureza lo que la organización considera un expolio encubierto. Las obras de modernización de los siete túneles del Huerna las financia el Ministerio de Transportes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con el dinero de todos los contribuyentes. «Las obras las pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. A la empresa le sale gratis. Y cuando el conductor asturiano llega a la barrera del peaje, se le obliga a pagar el 100% de la tarifa por circular por una ratonera de un solo carril. Es pagar dos veces por lo mismo», ha denunciado el presidente de Consumidores Asturias.
La asociación reclama que el Gobierno central deje de mirar hacia otro lado y suspenda cautelarmente el cobro del peaje mientras persista este incumplimiento contractual.
Más de 8.000 afectados y demandas masivas por la vía civil
Ante el reconocimiento de la resolución administrativa del carácter abusivo de cobrar por un servicio degradado y la falta de información a los conductores, la Unión de Consumidores anuncia el inicio inmediato de una oleada de demandas civiles. Apoyándose en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el peaje de Rande (AP-9), que ya calificó de abusivo el cobro íntegro en tramos con obras, la organización reclamará por vía judicial la devolución de al menos la mitad de lo pagado en cada viaje.
Estas demandas se articularán mediante micro-grupos de reclamación por cuantías inferiores a 2.000 euros, una fórmula que blinda a los afectados frente a cualquier riesgo de condena en costas. El registro de la Unión de Consumidores de Asturias supera ya las 8.000 personas inscritas, una cifra que la organización espera seguir engrosando en las próximas semanas.
Cualquier conductor que haya pagado el peaje del Huerna desde el inicio de las obras puede sumarse a la reclamación y darse de alta de forma gratuita en el registro habilitado por la organización, disponible en la web.
«Llevamos más de un año denunciando en solitario lo que hoy la propia Administración reconoce. Tenemos la prueba del abuso avalada por el Principado y la jurisprudencia firme del Supremo. Animamos a todos los usuarios afectados a conservar sus tickets y justificantes de Vía-T, a entrar en nuestra web y a sumarse al registro de reclamación para unirse a los próximos bloques de demandas y recuperar el dinero que se les ha cobrado de forma ilegítima», sentencia Alonso llamando a la movilización social.
El Huerna en cifras: atraco económico hasta 2050
Cuando los números se ponen encima de la mesa, el discurso político ya no puede disimular el escándalo. Estas son las cifras que explican por qué la prórroga ilegal firmada por Aznar y Cascos se ha convertido en uno de los mayores agravios económicos que soportan Asturias y León.
- 2.150 millones de euros. Es la cantidad que, según sus propias previsiones, Aucalsa espera embolsarse de aquí a 2050 si nadie pone freno a la concesión. Más de dos mil millones de euros que saldrán directamente del bolsillo de conductores, familias y empresas de la región, por circular por una autopista que debería llevar cinco años siendo gratuita.
- 80 millones de euros al año. Es el peaje medio anual que pagan quienes necesitan cruzar la principal vía de conexión entre Asturias y la meseta, una autopista cuyo contrato original obligaba a liberar el tramo en octubre de 2021. Cada euro cobrado desde entonces es, según los críticos de la concesión, dinero retenido sin base legal.
- 53 millones de euros en un solo ejercicio. Es la recaudación récord que la empresa logró el último año, precisamente mientras el servicio se degradaba: argayos, restricciones de carril, obras interminables y un caos circulatorio que los usuarios pagan a precio íntegro, sin descuento ni compensación alguna.
- 674 millones de euros en bonificaciones públicas. El Ministerio presenta estas ayudas como un alivio para el conductor, pero el dinero sale de los impuestos de todos. En la práctica, el Estado transferirá cerca de 700 millones de euros públicos a una empresa privada para maquillar un peaje que la propia Unión Europea considera contrario a la normativa comunitaria.
¿Y qué recibe a cambio el ciudadano por sostener este negocio? Obras que no terminan nunca, un túnel de El Negrón que sigue sin funcionar a pleno rendimiento, y 17 millones de euros de fondos europeos perdidos por la lentitud del Ministerio, una factura que ahora también tendrá que salir de los presupuestos públicos.
El resultado es un triple pago. Se paga en el peaje como usuario, como contribuyente financiando las obras de la propia concesionaria y, de nuevo, a través de las bonificaciones que el Estado regala con dinero de todos. Tres vías de cobro para un mismo agravio. Cada
vez más extendida entre asturianos y leoneses, la exigencia es la suspensión inmediata del peaje del Huerna.
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