La entidad acude a la Fiscalía Superior de Asturias en defensa del interés general de los usuarios de la AP-66, que han abonado más de 200 millones de euros desde octubre de 2021 bajo una prórroga que la Comisión Europea considera ilegal.
“Esto no es jurídico, es un problema político. Y va a tener que ser el Tribunal Supremo quien lo resuelva”, Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias.
La Unión de Consumidores de Asturias ha presentado denuncia ante la Fiscalía Superior de Asturias contra la concesionaria Autopista Astur-Leonesa (AUCALSA) por un presunto delito de engaño y estafa continuada a los usuarios de la autopista del Huerna (AP-66). La denuncia se sustenta en tres grandes ejes de investigación que Consumidores Asturias traslada al ministerio fiscal.
+ 200M€
Pagados por usuarios desde octubre de 2021 al amparo de una prórroga que la Comisión Europea declara ilegal.
+ 12M€
Facturados por Aucalsa al cobrar el peaje íntegro con más del 40% de la vía en obras y sin información previa.
+ 16 meses
De retraso en obras aprobadas en 2022, con plazo de ejecución diciembre 2025, que aún siguen sin terminar (17 de abril de 2026).
1. Prórroga ilegal de la concesión
La Comisión Europea ha emitido dictamen desfavorable sobre la legalidad de la prórroga concedida en el año 2000 por el Gobierno de Aznar, que amplió la concesión a Aucalsa 29 años adicionales hasta 2050 sin transparencia, sin publicidad y sin el preceptivo concurso público exigido por el Derecho nacional y comunitario. La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción al Gobierno de España.
Desde la Unión de Consumidores de Asturias se sostiene que esta prórroga constituye un acto administrativo nulo de pleno derecho, del que es cómplice necesaria la propia concesionaria, quien conocía su ilegalidad y no puede exigir indemnización alguna. Antes bien, debería devolver lo cobrado ilegalmente desde octubre de 2021, fecha en que comenzó el periodo de la prórroga. El fondo neerlandés propietario de Aucalsa podría beneficiarse ilícitamente de más de 1.500 millones de euros hasta 2050 si no se corrige esta situación.
Consumidores Asturias insta al Ministerio de Transportes a revisar de oficio el acto administrativo del año 2000, a declarar su nulidad radical y, en consecuencia, a reabrir el proceso concesional conforme a los principios de publicidad, concurrencia y legalidad.
“Aucalsa ha llevado a cabo conductas que rayan lo delictivo y tienen que ser revisadas por el código penal”— Dacio Alonso.
2. Cobro íntegro del peaje con más del 40% del trazado en obras
La autopista AP-66 en su tramo concesionado Campomanes–León tiene una longitud de 74 kilómetros. Sin embargo, desde el 7 de julio de 2025 se encuentra afectada por:
• Aproximadamente 26 km por obras en túneles (PK 75,860 a 101,900).
• Aproximadamente 4 km adicionales por el desprendimiento en el entorno del PK 76.
Esto supone una afectación acumulada de 30 kilómetros, más del 40% del recorrido total, con reducción de carriles, cortes temporales y retenciones superiores a cinco kilómetros que hacen imposible una circulación propia de una autopista de peaje. Pese a ello, todos los usuarios han seguido abonando el peaje íntegro, sin reducción proporcional ni compensación de ningún tipo.
La entidad recuerda que el Tribunal Supremo ya declaró abusivo el cobro íntegro del peaje de la AP-9 cuando las obras del Puente de Rande impedían la circulación normal en un tramo muy inferior al afectado en el Huerna. El precedente refuerza la solidez jurídica de la denuncia.
3. Subida del peaje a partir de enero de 2026
A partir del 1 de enero de 2026, Aucalsa incrementó las tarifas del peaje en un 3,64%, elevando el trayecto completo Campomanes–León de 15,60 a 16,20 euros para turismos. Esta subida se produjo sin justificación pública suficiente, en pleno periodo de obras, sin que se hubiera restablecido el nivel de servicio exigible y sin compensación alguna a los usuarios ya perjudicados.
Cobrar más por un servicio que se presta en peores condiciones constituye, para la UCA, una agresión directa a los derechos de los consumidores y refuerza el carácter continuado de la conducta denunciada.
“Lo que es ilegal no puede generar perjuicio a los consumidores. Fiscalía tiene que investigar si los más de 200 millones de euros pagados desde octubre de 2021 bajo una prórroga ilegal constituyen un beneficio ilícito en las arcas de Aucalsa.”— Dacio Alonso.
4. Obras sin finalizar, incumpliendo la planificación ministerial
Las obras de mejora y conservación de la AP-66 fueron adjudicadas y proyectadas en diciembre de 2022 por el Ministerio de Transportes, con plazo de ejecución fijado en diciembre de 2025. Sin embargo, a fecha 17 de abril de 2026, llevan más de cuatro meses de retraso y aún no han concluido.Pese a que Aucalsa conocía con antelación suficiente la planificación, la concesionaria no informó adecuadamente a los usuarios antes del pago ni durante el trayecto sobre las restricciones, cortes, tiempos reales de recorrido o alternativas disponibles. Esta omisión impidió a miles de personas decidir libremente si utilizar la autopista, viciando su consentimiento contractual.
5. Enriquecimiento ilícito por servicio no prestado íntegramente
Con base en la intensidad media diaria de tráfico de la DGT, estimada entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios, la UCA calcula que entre el 7 de julio de 2025 y la actualidad se han producido entre 1.785.000 y 1.890.000 trayectos afectados (210 días × IMD media). Aplicando el precio del peaje vigente en cada periodo, la recaudación de Aucalsa durante ese intervalo se sitúa entre 27.999.000 y 29.646.000 euros.
Dado que la proporción ilícita corresponde a los 30 kilómetros afectados sobre los 74 del trazado total (coeficiente 40,54%), el beneficio ilícito estimado asciende a 11.350.946 euros. La Unión de Consumidores de Asturias considera que estos hechos constituyen indicios suficientes de obtención de un beneficio económico sin la correspondiente contraprestación, susceptible de valoración penal por la Fiscalía.
La Unión de Consumidores de Asturias mantiene abierto el registro de afectados en www.consumidor.es, en el que ya figuran cerca de 4.000 personas. La organización anuncia que continuará ejerciendo todas las acciones disponibles —administrativas, civiles y penales— hasta lograr la devolución de las cantidades indebidamente cobradas y el fin de esta situación de abuso.
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