La Alianza por las Infraestructuras de Asturias, de la que forma parte la Unión de Consumidores de Asturias, acuerda por unanimidad solicitar el amparo de la Comisión Europea para agilizar el procedimiento de infracción abierto contra España por la prórroga del peaje del Huerna (AP-66), con el objetivo de que el expediente llegue cuanto antes al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y permita la supresión del peaje en un plazo de entre diez y quince meses.
La decisión llega tras la negativa del Ministerio de Transportes a revisar el Real Decreto 392/2000, que amplió la concesión de Aucalsa hasta 2050. Frente a esa inadmisión, basada exclusivamente en el transcurso del tiempo, el Ejecutivo asturiano interpondrá un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo en las próximas semanas y enviará una comunicación al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.
Lo flagrante del caso queda perfectamente ilustrado con las cifras. Desde que la concesión debía haber finalizado en octubre de 2021, los usuarios han abonado ya unos 218 millones de euros. Si el peaje se mantiene hasta 2050, el coste total podría superar los 2.100 millones, más de siete veces el valor estimado de la infraestructura. La Alianza subraya además que la situación afecta a la cohesión territorial, con impacto que trasciende Asturias y alcanza también a Galicia y Castilla y León.
En el plano penal, la Unión de Consumidores de Asturias presentó previamente una denuncia contra Aucalsa ante la Fiscalía Superior de Asturias por un presunto delito de estafa en la autopista del Huerna, en defensa del interés general de los usuarios de la AP-66. Dado que la proporción ilícita corresponde a los 30 kilómetros afectados sobre los 74 del trazado total, el beneficio ilícito estimado asciende a 11.350.946 euros. La Unión de Consumidores considera que estos hechos constituyen indicios suficientes de obtención de un beneficio económico sin la correspondiente contraprestación, susceptibles de valoración penal.
En el plano administrativo, la Unión de Consumidores de Asturias ha presentado asimismo una denuncia formal ante la Dirección General de Consumo del Principado contra Aucalsa por un incumplimiento contractual sistemático, continuado y de extrema gravedad en la gestión de la AP-66, al amparo de los artículos 24 y 37 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Casi 4.000 personas se han inscrito ya en el registro de afectados habilitado por la organización, reflejo del malestar de trabajadores, familias, transportistas y empresas que no disponen de alternativa real para desplazarse entre Asturias y la Meseta.
En este mismo ámbito, la Consejería de Derechos Ciudadanos analiza posibles incumplimientos de Aucalsa por el deterioro del servicio durante las obras en curso y estudia la apertura de un procedimiento sancionador.
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