La Junta General del Principado acogió el 9 de marzo de 2026 la comparecencia de Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, en el marco de la sesión dedicada al Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias.
“La única protección eficaz hoy son los tribunales”
Alonso abrió su intervención con la misma experiencia diaria de la organización, que demuestra que los consumidores siguen desprotegidos frente a prácticas abusivas de grandes empresas, especialmente en sectores como banca, energía, telecomunicaciones o automoción.
Recordó que la Unión de Consumidores de Asturias ha atendido a más de 140.000 asturianos en la última década, y que solo en materia hipotecaria los tribunales han obligado a devolver 25 millones de euros a consumidores. En palabras del propio documento presentado ante la Cámara, “lo único que respetan y acatan las empresas son los tribunales de justicia y las sentencias condenatorias”.
Durante su exposición, Alonso detalló algunos de los abusos más extendidos en Asturias:
- 100.000 hipotecados afectados por gastos y comisiones declaradas abusivas.
- 140.000 compradores de vehículos perjudicados por el cartel de coches.
- 50.000 familias atrapadas en tarjetas revolving, que el Tribunal Supremo calificó como “usura”.
- 8.000 familias víctimas del phishing de Unicaja tras la fusión con Liberbank.
El presidente de Consumidores Asturias denunció que, pese a cientos de sentencias favorables, las entidades siguen obligando a los consumidores a “desfilar por los juzgados”.
Propuestas para reforzar la futura Ley de Consumo
La Unión de Consumidores de Asturias presentó una batería de alegaciones centradas en aumentar la eficacia real de la norma. Entre las más destacadas:
El artículo 6 habla de prácticas desleales, pero la Unión de Consumidores de Asturias reclama que se incorpore también el concepto de “abusivas”, ya que muchas reclamaciones no encajan en el engaño clásico, sino en el abuso de posición dominante.
Proponen añadir la referencia a la minimización de envases y envoltorios, en línea con la demanda creciente de los consumidores.
Solicitan que se entregue siempre el formulario de desistimiento junto con la documentación contractual, para evitar obstáculos en su ejercicio.
La Unión de Consumidores de Asturias recuerda que estas prácticas ya son desleales y no deben normalizarse.
Reclaman que cualquier cambio requiera aceptación expresa del consumidor y que, en contratos de suministros, se permita cancelar sin penalización con un mínimo de 30 días.
Piden un artículo específico para evitar fraudes en energía, gas o telecomunicaciones.
La organización propone que la existencia de cláusulas abusivas sea infracción grave y que las empresas estén obligadas a eliminar sus efectos.
Reparación del daño dentro del procedimiento sancionador
Uno de los puntos más innovadores defendidos por Dacio Alonso fue la necesidad de que las sanciones incluyan también la reparación directa al consumidor, como ocurre en competencia, medio ambiente o protección de datos.
En el caso de Aucalsa —denunciada por cobrar íntegro el peaje del Huerna pese a tener un 40% de la vía en obras— la Unión de Consumidores de Asturias advierte que, con la ley actual, “los usuarios tendrán que acudir a los tribunales para recuperar lo pagado de forma abusiva”. Reclaman que la nueva ley evite esta situación.
Alonso cerró su intervención subrayando que la reforma es una oportunidad histórica para equilibrar las relaciones de consumo en Asturias. “Las alegaciones no pretenden cuestionar el proyecto, sino reforzar su eficacia”, afirmó.
La Unión de Consumidores de Asturias reiteró su disposición a colaborar con el Principado para desarrollar políticas públicas que garanticen una protección real y efectiva.
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