La Unión de Consumidores de Asturias, entidad pionera en la defensa del Huerna, lidera la denuncia contra AUCALSA por incumplimiento muy grave del servicio.
Un movimiento ciudadano respaldado por casi de 4.000 afectados impulsa la acción más contundente que, además, exige la devolución del 50% del peaje de la AP-66.
“La ciudadanía no puede seguir pagando como si nada ocurriera por un servicio claramente degradado”, Dacio Alonso.
La Unión de Consumidores de Asturias, entidad pionera y referente en la defensa de los derechos de los consumidores en el Principado, ha presentado una denuncia administrativa formal ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra la concesionaria AUCALSA por un incumplimiento contractual sistemático, continuado y de extrema gravedad en la gestión de la autopista AP-66.
La denuncia, presentada en ejercicio de la representación de los intereses generales de los consumidores, amparada por los artículos 24 y 37 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, da respuesta a una reclamación social que se arrastra desde hace años y que hoy se concreta en la acción más contundente emprendida hasta la fecha contra los abusos del peaje del Huerna.Casi 4.000 personas ya se han inscrito en el registro de afectados habilitado por la Unión de Consumidores, reflejando el profundo malestar social de una ciudadanía que se siente atrapada en una infraestructura esencial que castiga a diario a trabajadores, familias, transportistas y empresas que no tienen alternativa real para desplazarse entre Asturias y la Meseta.
Una cadena de incidencias que colapsa la principal vía de conexión de Asturias
La situación denunciada no es puntual ni coyuntural. Arranca en noviembre de 2024, cuando el argayu, un grave desprendimiento de tierras y rocas, en el punto kilométrico 76 provocó el corte total de la autopista durante más de quince días, paralizando la principal arteria de comunicación del Principado. La vía no fue reabierta hasta el 27 de noviembre, mediante un bypass provisional, en condiciones claramente inferiores a las exigibles en una autopista de peaje.
Desde entonces, los problemas no han hecho más que agravarse. A partir del 7 de julio de 2025, las obras de modernización de varios túneles —como Entrerregueras, Pando o Vegaviesga— han generado cortes parciales y totales de calzada, circulación en carril único, colapsos diarios y demoras estructurales incompatibles con un servicio de alta capacidad.En total, las incidencias afectan de forma directa a unos 30 kilómetros de los 74 del tramo concesionado Campomanes–León, es decir, más del 40% del recorrido, alterando de manera grave y continuada la naturaleza misma del servicio contratado.
Pagar como autopista, circular como carretera secundaria
Pese a esta degradación evidente, todos los usuarios se han visto obligados a pagar el peaje íntegro, sin reducción proporcional ni compensación alguna. El coste del trayecto completo se ha mantenido en 15,60 euros durante años y ha alcanzado su máximo histórico de 16,20 euros desde este año 2026, situando al Huerna entre los peajes más caros del país.
Todo ello mientras se producen retenciones superiores a cinco kilómetros, viajes que duplican su duración habitual, velocidades impropias de una autopista y situaciones reiteradas de inseguridad. Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses.
Para la Unión de Consumidores de Asturias, esta práctica constituye una cláusula abusiva en la práctica: se exige al usuario el cumplimiento íntegro de su obligación de pago mientras la concesionaria incumple de forma notoria la suya, vulnerando el principio básico de reciprocidad contractual.
La denuncia subraya, además, la falta absoluta de información previa y transparencia. AUCALSA conocía con antelación la planificación de las obras y la magnitud de las afecciones, pero no informó adecuadamente a los usuarios antes del pago ni durante el trayecto sobre retenciones, cortes, tiempos reales de recorrido o alternativas gratuitas razonables.
Esta omisión impidió a miles de personas decidir libremente si utilizar o no la autopista, viciando su consentimiento y obligándolas a pagar por un servicio que sabían —o debían saber— que no podían prestar en condiciones normales.
Un precedente claro del Tribunal Supremo: un caso aún más grave
La controversia en torno al cobro del peaje vuelve a situar en el centro del debate la obligación de las administraciones y concesionarias de reparar de oficio cuando se detecta una actuación generalizada y perjudicial para los usuarios.
Desde la óptica de la Unión de Consumidores, el caso encaja plenamente en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015 y recuerda de forma directa al precedente del radar del túnel de La Bolgachina, en Oviedo, donde la DGT anuló y devolvió automáticamente más de 15.800 multas al reconocer que no podía exigir pruebas individuales a los conductores cuando ella misma disponía de todos los registros.
En un servicio de peaje utilizado a diario por miles de personas, resulta irrazonable pedir a los consumidores que conserven tickets de pagos en efectivo o justificantes de trayectos realizados meses atrás, mientras que la concesionaria AUCALSA sí cuenta con sistemas de control, datos de tránsito y facturación que permiten identificar con precisión a los afectados. Esta desigualdad probatoria, recogida en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refuerza la necesidad de una devolución o compensación de oficio, evitando que la falta de un recibo se convierta en un obstáculo y garantizando una reparación efectiva, transparente y acorde con el interés general.
La actuación denunciada encuentra un respaldo directo en la Sentencia del Tribunal Supremo relativa a la AP-9 y las obras del Puente de Rande. En aquel caso, el Alto Tribunal declaró abusivo cobrar el peaje íntegro cuando las obras impedían una circulación fluida y segura, aun cuando la afectación se limitaba a apenas unos kilómetros dentro de una autopista de más de 200.
En el Huerna, la situación es objetivamente más grave. No se trata de un tramo puntual, sino de una afectación estructural y prolongada que alcanza a más del 40% del recorrido, lo que refuerza —si cabe— la aplicación del criterio jurisprudencial.
Según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Asturias, AUCALSA habría recaudado entre 28 y 29,6 millones de euros desde el inicio de las obras, pese a no prestar el servicio en condiciones normales. Aplicando un criterio proporcional al tramo afectado, el beneficio ilícito derivado del cobro indebido se estima en torno a 11,35 millones de euros.
Por ello, la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros.
Una infraestructura esencial no puede gestionarse contra la ciudadanía
La AP-66 arrastra décadas de polémica. Una concesión prorrogada hasta 2050, cuestionada por la Comisión Europea, un modelo tarifario injusto y un impacto económico desproporcionado sobre un territorio que depende de esta vía para su actividad diaria.
La Unión de Consumidores de Asturias, que lleva años denunciando estos abusos, reafirma con esta acción su compromiso histórico con la defensa de los derechos sociales y lanza un llamamiento a la unidad de acción entre instituciones y ciudadanía.
Porque no es aceptable que quienes dependen del Huerna para trabajar, viajar o vivir su día a día sigan pagando como si nada ocurriera por un servicio degradado, colapsado y cada vez más caro.
La denuncia y el respaldo jurídico
La Unión de Consumidores de Asturias está legalmente legitimada para actuar en defensa de los intereses generales de los consumidores y dirige su denuncia contra AUCALSA por la aplicación continuada de prácticas abusivas en la AP-66. El pago del peaje genera una relación contractual que obliga a la concesionaria a garantizar una circulación fluida, segura y normal, tal y como ha reiterado el Tribunal Supremo.
Cobrar el peaje íntegro mientras el servicio se presta en condiciones degradadas y sin información previa vulnera la normativa de consumo, rompe la reciprocidad contractual y constituye un desequilibrio grave en perjuicio del usuario.
Los hechos encajan en una infracción grave en materia de consumo, por su carácter masivo, continuado y lucrativo, lo que permite imponer sanciones proporcionales al beneficio ilícito obtenido, además de ordenar el cese inmediato de la práctica y la restitución automática de las cantidades indebidamente cobradas.
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