- “Una norma ilegal no puede producir efecto económico alguno en los usuarios”, Dacio Alonso, presidente de Consumidores Asturias.
- Con 75 años, la autopista del Huerna (AP-66) es la que tiene el periodo de peaje más largo del mundo.
- Los conductores siguen pagando un peaje que la Comisión Europea declaró ilegal en 2021.
La Unión de Consumidores exige la unidad de acción de las instituciones y ciudadanía para obligar al Gobierno de España a restaurar la legalidad y suprimir de inmediato el peaje de Huerna. El Gobierno, cuya obligación es conocer perfectamente la jurisprudencia del caso, debe iniciar los trámites de anulación de la concesión por la vía de su declaración de lesividad y sin indemnización al adjudicatario, por haber sido parte – y muy interesada- en la ilegalidad.
El Huerna: una larga historia
La AP-66 representa la ansiada conexión entre Asturias y la meseta de las últimas décadas. Su trazado, que atraviesa la cordillera Cantábrica, ha sido una infraestructura esencial para el transporte y el desarrollo regional pero, también, un factor constante de polémica por su régimen de pago y su concesión.
Fue en agosto de 1975 cuando se hizo la primera concesión para la explotación del tramo León – Campomanes a AUCALSA (Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.). Durante 46 años la empresa pudo beneficiarse de la gestión privilegiada de la infraestructura que fuera conocida como la Variante de Pajares. Con la finalización del periodo de concesión el 17 de octubre de 2021, el Gobierno presidido por José María Aznar, y con Francisco Álvarez Cascos al frente del Ministerio de Fomento, prorroga la concesión a AUCALSA. Por el Decreto 392/2000, AUCALSA se hace cargo de la gestión hasta 2050.
Con esta segunda concesión, la empresa bate el récord mundial de periodo de peaje: un total de 75 años. Las sospechas y críticas comienzan a llover ante la duración extraordinaria de la prórroga y el -discutible- procedimiento usado para adjudicarla.
“Si nos resignamos, seguiremos pagando un peaje ilegal hasta 2050”
La Comisión Europea abrió un procedimiento contra España porque amplió las concesiones de dos autopistas (AP-9 por 25 años y AP-66 por 29 años) y permitió la venta en 2003 de la empresa pública que controlaba esas carreteras sin lanzar un concurso público ni publicar un anuncio a nivel de la UE. En julio de 2025 la Comisión dio a España dos meses para arreglar la situación; si no lo hace, podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión considera que esas ampliaciones son equivalentes a dar nuevos contratos y, por tanto, debían haberse licitado públicamente para respetar la igualdad de trato y la transparencia. Además, el Real Decreto que modificó la concesión León–Campomanes se hizo sin la información pública exigida y puede ser nulo; las concesionarias obtuvieron ventajas económicas importantes que, según el Tribunal de Cuentas, recayeron en el Estado y en los usuarios.
“No podemos permitir que, lo que es manifiestamente ilegal, produzca un daño a la población”
El Huerna, más que una infraestructura, es un símbolo de cómo las decisiones sobre concesiones afectan la vida cotidiana y la economía regional. La larga historia del peaje es un fiel reflejo de las tensiones entre gestión privada y responsabilidad pública. La solución requiere actuar sobre tres frentes: legal para aclarar la validez de la prórroga, administrativo para garantizar transparencia en adjudicaciones futuras, y político para evitar que el coste de decisiones controvertidas recaiga sobre la ciudadanía.
La prórroga ha despertado una movilización social y política en Asturias y León unitaria: organizaciones ciudadanas, colectivos sociales y formaciones políticas reclaman transparencia, igualdad en el acceso a la adjudicación y la eliminación del peaje. Las demandas también apuntan a que, en caso de detectarse irregularidades administrativas, las responsabilidades políticas y económicas sean asumidas por las instancias correspondientes sin recurrir a rescates pagados por la población.
La Unión de Consumidores de Asturias anima a toda la ciudadanía a acudir el 17 de octubre, a las 19.30h, a la plaza de la Escandalera (Oviedo) para reclamar la inmediata gratuidad del peaje y la supresión de la prórroga.
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