- La Unión de Consumidores pone en marcha un registro para dar de alta a los usuarios que quieran sumarse y exigir las devoluciones pagadas por el peaje desde que se iniciaron las obras en el Huerna.
- La Unión de Consumidores exige al Gobierno responsable de fijar las tarifas del peaje del Huerna la inmediata rebaja o suspensión del peaje mientras duren las obras en la autopista, para no colapsar los juzgados con reclamaciones.
- La Unión de Consumidores de Asturias exige a Aucalsa la devolución de oficio de los peajes pagados desde el inicio de las obras.
La Unión de Consumidores de Asturias anuncia que replicará en el Principado los argumentos jurídicos del Tribunal Supremo, que recientemente ha considerado abusiva y desproporcionada la práctica de cobrar íntegramente el peaje en tramos afectados por obras que alteran de forma relevante el tránsito rodado.
Esta posición refuerza la denuncia que la organización lleva meses sosteniendo: el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) es manifiestamente ilegal.
La Comisión Europea, en su dictamen de julio de 2025, dio a España un plazo de dos meses para corregir la situación derivada de la prórroga de la concesión a AUCALSA hasta 2050, sin concurso público ni transparencia, lo que vulnera las normas comunitarias. El incumplimiento podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La AP-66, que conecta Asturias con León, fue prorrogada en el año 2000 por 29 años adicionales. Además, la concesión se realizó sin la debida publicidad de licitación, otorgando ventajas económicas injustificadas a la empresa adjudicataria.
La Unión de Consumidores de Asturias reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los usuarios y con la transparencia en la gestión de infraestructuras públicas. “Una norma ilegal no puede producir efecto económico alguno en los usuarios”, ha declarado su presidente, Dacio Alonso.
La posición de la Unión de Consumidores de Asturias sobre el peaje del Huerna
1º.- La sentencia del Supremo que obliga a devolver los peajes de la AP-9 es fruto del compromiso de la Fiscalía de Consumo de Pontevedra. En Asturias, a pesar de que los temas de consumo representan el 90 % de los asuntos que llegan a los tribunales, no existe un fiscal especializado en protección de consumidores -como tienen la mayoría de las comunidades autónomas-.
2º.- La Unión de Consumidores exige al Gobierno del Principado que traslade de inmediato al Ministerio de Transportes la petición de rebaja o suspensión del peaje mientras duren las obras en la A-66, para evitar el bloqueo de los juzgados con reclamaciones de devolución al amparo de la sentencia del Supremo.
3º.- La Unión de Consumidores reclama, para evitar el enriquecimiento ilícito de Aucalsa, que se invierta la carga de la prueba y, del mismo modo, que Aucalsa devuelva de oficio a los usuarios lo cobrado por el peaje desde que se iniciaron las obras en la autopista (argayo y túneles).
4º.- La Unión de Consumidores anima a los usuarios a darse de alta en el registro para reclamar las devoluciones, aportando todo tipo de pruebas: tickets, pago con tarjeta de crédito, telepeaje, etc.
5º.- La Unión de Consumidores recuerda que, para que prospere la reclamación, es imprescindible conservar el ticket del pago del peaje, tanto si fue en efectivo como si fue con tarjeta.
6º.- La Unión de Consumidores presentará demanda judicial para exigir la devolución íntegra del peaje con el fin de acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y conseguir la nulidad definitiva del peaje, en base al dictamen de la Comisión Europea que declara su ilegalidad desde la entrada en vigor de la prórroga del 17 de octubre de 2021.
7º.- La Unión de Consumidores considera que la desobediencia del Ministerio de Transportes a asumir la contundencia del dictamen de la Comisión Europea sobre su manifiesta ilegalidad descalifica al ministro como interlocutor del Gobierno y obliga al presidente del Gobierno a tomar la iniciativa para recuperar la legalidad.
8º.- La pasividad del Gobierno lo convierte en cómplice de quienes, en el año 2000, prorrogaron la concesión de forma ilegal para beneficiar a Aucalsa y perjudicar a la ciudadanía.
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