Reclamamos una nueva normativa para mejorar el acceso al autoconsumo energético y la transición justa

Manifiesto por un nuevo cambio retributivo a las distribuidoras eléctricas en favor de un nuevo modelo energético que fomente la expansión del autoconsumo individual y colectivo

En los últimos años, el marco normativo europeo ha caminado hacia el empoderamiento ciudadano en el sistema energético, avanzando hacia la necesaria democratización de la energía. Un objetivo, el de hacer de la energía un derecho, que requiere también de herramientas que mejoren la confianza de los consumidores en el sector energético. Y es que, el tablero de juego ha cambiado, pero las normas siguen siendo las mismas de siempre.

No se trata de señalar a nadie, pero sí de reclamar un cambio de paradigma que impulse un nuevo marco regulatorio que ponga, negro sobre blanco, las obligaciones que tienen las empresas distribuidoras para garantizar el necesario y correcto despliegue del autoconsumo en España.

Desde que se logró derogar el perjudicial impuesto al sol en 2018, el autoconsumo ha experimentado una suerte de apogeo sin precedentes. Las cubiertas solares han crecido de manera exponencial y ya superan los 7 GW de potencia instalada, pero en el último año ha habido un estancamiento debido fundamentalmente a la mala praxis de las empresas distribuidoras.

Estas son las responsables de dar de alta nuevas instalaciones de autoconsumo colectivo a la red, pero están retrasando los trámites, incumpliendo los tiempos de 2 meses que dicta la ley. De esta forma, se lanza un mensaje inequívoco: quién quiera instalar paneles en su tejado o impulsar una red de autoconsumo colectivo tendrá que pelear con uñas y dientes.

Si hasta ahora las distribuidoras han visto recompensada su actividad por la cantidad de redes gestionadas, los nuevos tiempos exigen que su mayor incentivo se base en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Por ello es fundamental que exista una legislación y protocolos de actuación claros y adecuados a las nuevas necesidades de una transición energética justa y social.

España vive inmersa en una revolución energética con puntos fuertes, como el peso mayoritario de las renovables en la generación de energía del país, pero también con áreas de mejora, como la electrificación del transporte o el desarrollo de baterías de almacenamiento que permitan ampliar los límites actuales de la electrificación de la economía. 

Esa revolución, que no puede entenderse sin las ideas de descentralizar la energía y hacerla accesible a todas las capas ciudadanas, no puede darse de una forma estanca y compartimentada, al margen de cambios legislativos y normativos. De nada sirve fabricar baterías o instalar más puntos de carga para vehículos eléctricos, si no se cambia la forma de operar de las empresas distribuidoras de energía.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sabe de ello y ha abierto un proceso de consulta pública en torno a cómo debe ser la retribución que perciben las distribuidoras para garantizar el suministro. En ese punto es donde se abre una oportunidad para garantizar que no haya más bloqueos al autoconsumo, pero tampoco al proceso de transición justa. Es necesario, de esta forma, que estas empresas reciban una retribución ajustada a los nuevos tiempos; que se cobre o se deje de cobrar en función de los nuevos servicios que deben prestar en la aceleración de la electrificación, distribuida, participada y democrática.

Por todo lo expuesto los abajo firmantes pedimos a la CNMC y Gobierno Central que, en aras de acelerar el necesario despliegue del autoconsumo, el nuevo modelo de retribución de las distribuidoras responda a la necesidad de descentralizar el modelo energético y avanzar en la transición energética de España.

*Negrita nuestra, Unión de Consumidores de Asturias.

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