El poder de las grandes cadenas de supermercados sobre la producción agroalimentaria

Los campesinos y campesinas llevan mucho tiempo viendo cómo las grandes empresas y cadenas de supermercados se enriquecen a su costa, mientras ellos tienen que vender su producción a precios irrisorios. Sin que el Gobierno haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

Pero es importante entender las claves que están detrás del malestar existente en el campo para no dejarse arrastrar por el río revuelto, no confundiendo la responsabilidad sobre la situación de los y las campesinas que tiene el oligopolio de las grandes cadenas de supermercados con la declaración de intenciones que representa la Agenda 2030.

Mientras Mercadona, Carrefour, Alcampo, Lidl y Aldi son quienes dominan la comercialización y a través del poder que le da la posición privilegiada con respecto a las personas consumidoras, son los que le dicen al sector primario y a la industria de elaboración de alimentos, qué tienen que producir, cómo tienen que hacerlo y, sobre todo, a qué precio.

En este sentido, varios estudios comparativos de precios realizados por asociaciones de consumidores, acreditan que los grandes supermercados están incrementando los márgenes de ganancia en los productos de alimentación, al tiempo que se incrementa la diferencia entre el precio de los productos en origen y en el supermercado. Mientras el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo no proceden a inspeccionar y sancionar los incrementos de márgenes algo prohibido actualmente.

Por su parte, la Agenda 2030 promulgada e impulsada por la ONU, no tiene absolutamente nada que ver con la situación del campesinado, puesto que no va más allá de unas directrices generales -unas buenas directrices- sobre las políticas que se deberían llevar a cabo para terminar con el hambre en el mundo, el derecho de acceso a una alimentación sana, la protección de los derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Ayer, 8 de febrero de 2024, publicaba el periódico digital DIARIO RED (ver aquí), un clarificador editorial sobre las movilizaciones campesinas y la muy distinta responsabilidad que tienen en su problema MERCADONA y la AGENDA 2030. Algunos de los aspectos que nos gustaría reproducir de dicho editorial son estos:

1.- El sector primario es heterogéneo. Aunque se hable de «los agricultores» en general, no es lo mismo una pequeña o mediana explotación familiar gestionada y trabajada por profesionales, que un gigantesco regadío hiperintensivo propiedad de un fondo buitre dirgido desde Luxemburgo y trabajado por asalariados.

2.- Las explotaciones pequeñas y medianas son en general más respetuosas con el medioambiente y con los derechos laborales que las macroexplotaciones, y suelen tributar en España en un porcentaje mayor.

3.- Las explotaciones en manos de grandes fortunas y fondos buitres están ganando terreno a las pequeñas y medianas. 

4.- Los elementos clave de la competencia desleal que ejercen las grandes explotaciones contra las pequeñas y medianas tienen que ver con su mayor tamaño, con su mayor músculo financiero, con su mayor capacidad de contar con departamentos específicos de gestión jurídica o económica y, en general, con su acceso a la economía de escala, pero también con su menor respeto al medioambiente, con su mayor propensión a la ingeniería y a la elusión fiscal o con la degradación de las condiciones laborales de sus trabajadores. 

5.- En el sector primario además, la competencia desleal no solamente es horizontal, entre los diferentes productores —con los grandes ejerciendo abuso contra los pequeños—, sino también vertical, con las grandes cadenas de distribución operando en forma de oligopolio y forzando contratos con precios abusivamente bajos sobre el primer eslabón de la cadena. Pensemos que las cinco cadenas de supermercados más grandes —Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA y Eroski— concentran casi el 50% de las ventas en España; lo cual les otorga un enorme poder a la hora de comprar los productos al sector primario, forzando los precios de compra a la baja para así poder aumentar sus márgenes de beneficio.

6.- El tercer elemento de competencia desleal tiene que ver con los tratados de libre comercio. A cambio de poder ampliar los mercados en los cuales los países industrializados de Europa pueden vender sus productos tecnológicos, es habitual utilizar al sector primario como moneda de cambio, permitiendo la importación de alimentos desde esos terceros países aunque allí no se cumplan los mismos estándares sanitarios, ecológicos y laborales que en la Unión Europea. De esta manera, se importan productos alimentarios que han sido producidos con unos costes mucho menores, situando de nuevo a los pequeños y medianos productores europeos en una situación de desventaja por competencia desleal. Por si esto fuera poco, se genera así un funcionamiento profundamente antiecológico según el cual una buena parte de los productos que se producen en España se destinan a la exportación —y no a ser consumidos por nuestra propia población— al mismo tiempo que esos mismos productos se importan desde el extranjero para el consumo local, aumentando así de forma absurda la huella de carbono asociada con el transporte.

7.- Los diferentes gobiernos nacionales y también el ejecutivo comunitario han trabajado siempre para favorecer los intereses de los grandes capitales extractivos del agronegocio y los grandes latifundios, postergando o incluso atacando los intereses de los pequeños y medianos productores.

8.- Los pequeños y medianos productores del sector primario son los principales damnificados por los efectos del calentamiento global y el cambio climático y son, precisamente por ello, mayoritariamente conscientes de la necesidad de tomar medidas significativas en ese ámbito. Lo único que dicen —y parece una demanda razonable— es que el cumplimiento de los nuevos requisitos no les lleve a la quiebra económica, al tiempo que los grandes productores —que sí tienen el suficiente músculo jurídico y financiero para afrontarlos— se van quedando con sus tierras.

9.- La Agenda 2030 es un trampantojo de la extrema derecha. La Agenda 2030 —también la «religión climática» o el «ecologismo radical»— como una suerte de programa mundial con el cual la progresía estaría intentando acabar con el modo de vida de la gente trabajadora para mayor beneficio de «las élites». Lo cierto es que la Agenda 2030 no deja de ser una serie de recomendaciones bienintencionadas y no vinculantes que hace la ONU y que nadie cumple.

10.- Si el gobierno de España y la Comisión Europea están verdaderamente preocupados por el avance del fascismo en Europa, entonces tienen que disciplinar a los grandes supermercados, tienen que implementar moratorias a la apertura de grandes macroexplotaciones y establecer un férreo control sobre las que ya existen, tienen que asegurar que ningún pequeño y mediano productor está vendiendo a pérdidas, tienen que rechazar los tratados de libre comercio que perjudican a dichos productores, tienen que reformar inmediatamente la PAC para hacerla más justa y tienen que diseñar requisitos burocráticos y de reconversión de las explotaciones que sean asumibles por los pequeños y medianos.

 

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