Lo que pedimos al año 2024 para mejorar la protección de las personas consumidoras

  • 1. Que el Gobierno de Asturias apruebe una nueva Ley de Protección de las Personas Consumidoras, dado que la actual es del año 2002 y ha quedado claramente obsoleta.
  • 2. Que la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias comience a sancionar las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios con un mínimo de 10.000 € por contrato, para que los bancos no sigan obligando a judicializar todas las reclamaciones.
  • 3. Que el Gobierno de Asturias prohíba las ventas a domicilio a personas mayores de 65 años, como forma más eficaz de acabar con los abusos y engaños a las personas vulnerables.
  • 4. Que las autoridades de Consumo de Asturias, Dirección General del Principado y OMIC de los Ayuntamientos, hagan cumplir la Ley de Espectáculos Públicos, que reconoce el derecho de acceso a los conciertos con comida/bebida adquirida en el exterior.
  • 5. Que la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias mandate a COGERSA a implantar sin más demora un Sistema de Depósito, Devolución y Recuperación (SDDR) de envases a las tiendas y supermercados, única forma de acabar con los envases tirados con la basura mezclada o abandonados en calles, plazas y entorno natural.
  • 6. Que las autoridades de Consumo de Asturias, Dirección General del Principado y OMIC de los Ayuntamientos, hagan cumplir a los establecimientos de hostelería y restauración la gratuidad de la jarra de agua en el menú o carta.
  • 7. Que la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias tome las medidas necesarias para garantizar los tiempos máximos de espera en consultas especializadas, pruebas diagnósticas y cirugía.
  • 8. Que la Junta General del Principado exija al Ministerio de Hacienda el 10% de IVA de forma definitiva en las tarifas de luz y gas.
  • 9. Que la Junta General del Principado exija al Ministerio de Transición Ecológica que de oficio se aplique el Bono Social eléctrico y térmico a quien cumpla los requisitos.
  • 10º Que la Junta General del Principado exija al Ministerio de Asuntos Económicos la prohibición de las llamadas «tarjetas revolving», por sus diabólicos efectos sobre el sobreendeudamiento y la ruina económica de las personas consumidoras

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