Demandamos la renovación del escudo social para evitar la subida de luz y gas y la aplicación automática del Bono Social

Las tarifas de luz y gas podrían subir hasta un 40% si no se prorrogan las bonificaciones actuales que finalizan el 31 de Diciembre. Por ello, desde la Unión de Consumidores de Asturias demandamos al Gobierno de España que proceda a renovar el escudo social de manera permanente, sin fecha de caducidad.

En concreto se trata de las medidas del escudo social recogidas en el Real Decreto Ley 18/2022 y en el Real Decreto 20/2022, que finalizan el día 31 de diciembre de 2023, e incluyen estas reducciones de impuestos y precios:

  • Rebaja del IVA en la factura eléctrica al 5%.
  • Rebaja del Impuesto de la Electricidad al 0,5%.
  • Suspensión temporal durante 2023 del impuesto a la producción de la energía eléctrica.
  • Incremento temporal del porcentaje de descuento del bono social (65% y 80%) e incorporación de un nuevo colectivo beneficiario por bajas rentas con un descuento del 40%.
  • Prohibición de corte de suministro de gas, luz y agua a los beneficiarios del bono social eléctrico.
  • En el sector del gas se revisa la tarifa regulada TUR, pero manteniendo el precio, al menos, hasta la próxima revisión.
  • Se crea temporalmente una nueva tarifa TUR de gas natural para calefacción de comunidades de vecinos.
  • Y a todas ellas se añade la medida de limitar el precio del gas para la generación eléctrica (excepción ibérica) que se ha prorrogado con algunas modificaciones también hasta el 31 de diciembre de 2023.

De no aplicarse la renovación de los descuentos y bonificaciones supondría una fuerte subida de factura eléctrica, que solo por efecto del IVA y del Impuesto de electricidad repuntará con un incremento del 20%. Y sería mayor aún si las empresas del oligopolio eléctrico trasladan a la factura doméstica el impuesto a la generación del 7% (del que han estado exentas durante esta crisis). Así, la factura actual de 64,87 euros se incrementaría hasta los 78 euros, a falta de repercutir el impuesto a la generación eléctrica.

Mayor aún sería la subida para los hogares con Bono Social eléctrico. Su tarifa regulada PVPC seguirá siendo la mejor opción, pero eso no evitará un fuerte incremento en su factura al añadirse al final de la rebaja impositiva, la reducción de los descuentos aplicados con el bono social. Por ejemplo, un hogar con 3.500 kWh de consumo anual y dos adultos y dos menores en la vivienda, pasaría de pagar una factura mensual de 35,8 euros al mes a 65,08 euros al mes. Es decir 30 euros más al mes, 360 euros más al año.

Demandamos la aplicación automática del Bono Social

Más de 30.000 asturianas y asturianos tienen el Bono Social eléctrico y térmico (ver aquí requisitos), mientras el informe sobre pobreza energética presentado recientemente en la Junta General del Principado, fija en un 25,3% de la población asturiana la que sufre vivir en el umbral de la pobreza, es decir, más de 220.000 personas en Asturias con derecho al Bono Social, que no se benefician del mismo por falta de información y, especialmente, por el exceso de burocracia.

El informe sobre “El estado de la pobreza en España y Asturias”, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión Social (EAPN), El estudio, que ha sido presentado este lunes en el Parlamento asturiano, analiza la relación entre las tasas de pobreza y exclusión social con elementos como la vivienda, el género, la edad o la influencia del hábitat y señala que Asturias lidera la tasa de pobreza del norte de España. En el Principado de Asturias una de cada cuatro personas (25,3 por ciento) estaba el pasado año en riesgo de pobreza o exclusión social -un punto menos que en 2021-, lo que supone que hay 254.000 personas en la comunidad en esta situación.

En nuestro vecino Portugal el Bono Social se aplica de forma automática (antes había que solicitarlo a las compañías, como en España). Para ello, se procedió a cruzar los datos en poder de las comercializadores, la Dirección General de Energía, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria portuguesa. Justo lo que en España las autoridades nunca han hecho aduciendo que era muy complejo. Con ese cambio, el número de beneficiarios de la tarifa social se disparó. En electricidad, se pasó de 140.500 usuarios a 630.698, que suponen un 10,5% de los cerca de 6 millones de clientes domésticos. 

Por ello, la Unión de Consumidores de Asturias demandamos al Ministerio de Transición Ecológica que la concesión del Bono Social sea de oficio por la propia administración, cruzando datos con las comercializadoras.

Datos sobre la efectividad de las moratorias de cortes de suministros

Hace escasas fechas se presentó el informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano (ver aquí).

A partir de los datos facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el órgano competente en materia energética, se verifica que en la última década los cortes de suministro de electricidad y gas por impago en España evolucionan de las cifras de 2014 (840.872 cortes) y 2015 (853.161), que acreditan el momento álgido en cuanto al número de cortes en todo el Estado, que se va reduciendo progresivamente, destacando la bajada de 2017 (301.248), año en el que se reforma el bono social eléctrico y el mecanismo de suspensión de suministro en caso de impago para dar mayor margen a los hogares. Este momento de impasse explicaría la subida de 2018 (380.983) y 2019 (483.830) hasta el gran descenso de 2020, explicada por el estallido de la pandemia. Sin embargo, y con todas las medidas de protección aprobadas a partir de marzo de 2020, es necesario poner énfasis en los 240.070 cortes por impago que se producen durante 2020.

En el caso del gas, se detecta una bajada similar a la de la electricidad en 2017 (18.968 cortes) y una aún más pronunciada en 2020 (17.763), coincidiendo con el inicio de la pandemia, ya que en 2019 se había producido un gran repunte (34.835).

Sin embargo, es importante remarcar que el año 2020, con un escenario sin precedentes y una pandemia que se ha llevado la vida de más de 106.000 personas hasta el día de hoy, sigue impactando que ese año se produjeran 240.070 cortes de electricidad y 17.763 de gas en todo el Estado. Estas cifras demuestran que todavía queda un largo camino para alcanzar una garantía real de los derechos energéticos de la ciudadanía, especialmente el de la más vulnerabilizada.

Por último, esta última década también se ha caracterizado por un descenso de los hogares acogidos al bono social eléctrico, una de las únicas herramientas en el ámbito del Estado de protección frente a la pobreza energética. Según los datos facilitados por la CNMC, la evolución de los hogares acogidos a los descuentos del bono social ha sido de los 2.877.276 hogares en todo el Estado acogidos al bono social eléctrico a 31 de diciembre de 2010, se ha pasado a 1.101.540 el mismo día de 2020.

A pesar de que desde 2010 se va produciendo una pérdida progresiva de personas beneficiarias del bono social, el gran descalabro se produce en 2018. La explicación más plausible a este hecho es la aprobación en octubre de 2017 de la reforma del mecanismo, que cambia sus condiciones de acceso y hace más pesada la burocracia.


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