Gente con poca ética y con mucho dinero, o cómo la ausencia de un tope de renta a las familias numerosas beneficia a quien no lo necesita
Aunque sea legal, no es ético beneficiarse del Bono Social eléctrico y térmico, una ayuda que tiene como objetivo proteger contra la pobreza energética, cuando tienes unos ingresos anuales que superan entre tres y siete veces el Salario Mínimo. Es así como miles de familias de clase media-alta y alta están disfrutando de los descuentos del 65% en la factura de la luz, mientras que cientos de familias pobres en la “Cañada Real” llevan años sin suministro eléctrico.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha referido en Hoy por Hoy (ver aquí) a la polémica por el bono social eléctrico para familias numerosas, que cobran tanto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, como la líder de Más Madrid, Mónica García. La renta no es un requisito para recibir esa ayuda y eso es lo que anuncia ahora la ministra que va a corregir. Teresa Ribera ha confirmado que el cambio implicará introducir “un criterio de renta”, un “límite máximo de renta familiar de aquellas personas que puedan beneficiarse, y lo vamos a hacer lo antes posible”.
Ahora la ministra Teresa Ribera se hace la sorprendida de que gente sin ética y altos ingresos se beneficien del Bono Social eléctrico y térmico, cuando las asociaciones de personas consumidoras propusimos, en reiteradas ocasiones, un tope de renta para las familias numerosas que se podrían beneficiar del bono social (ver AQUÍ las alegaciones a la regulación del Bono Social presentadas por nuestra asociación).
Al igual que demandamos elevar al consumo medio doméstico el límite anual de kilovatios al que se aplica el descuento por bono social e incrementar los niveles de renta a tres veces el IPREM, para que se cubra la demanda media de consumo eléctrico y se beneficie a un mayor numero de personas consumidoras con escasos ingresos, que se puedan acoger al bono social. Así como la aplicación automática de los descuentos -puesto que entre administración y comercializadoras tienen todos los datos necesarios de los y las clientes- a todas las personas que pueda ser beneficiarias en base a su precaria situación económica, como se ha hecho en Portugal, permitiendo aumentar sustancialmente el número de personas beneficiarias, al eliminar las barreras burocráticas para su solicitud.
