El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista concedida a “La Noche 24 horas” de la televisión pública el pasado 20 de febrero, dijo que la solución que «una familia tiene a su alcance» ante la subida de los precios de los alimentos es «irse al supermercado de en frente si no está de acuerdo con los precios».
Las palabras han sentado como un jarro de agua fría en las redes sociales en el contexto de un debate que afecta directamente a la economía de la mayoría de las personas consumidoras. La respuesta del ministro de Alimentación no puede ser “váyase a otro supermercado”. Máxime cuando el ministro sabe que está constatado que mientras la inflación general baja, los precios de los alimentos siguen disparados. Existiendo evidencias de que el oligopolio de las grandes cadenas de supermercados son responsables de la manipulación de precios.
Situación cuya solución se debería acometer, sin más demora, aplicando el artículo 13 de la vigente Ley de Comercio Minorista que establece:
“el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa, en los casos siguientes:
- a) Cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas.
- b) Cuando se trate de bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio o mediante concesión administrativa.
- c) Como medida complementaria de las políticas de regulación de producciones o de subvenciones u otras ayudas a empresas o sectores específicos.
- d) Excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva, existan obstáculos graves al funcionamiento del mercado o se produzcan situaciones de desabastecimiento”.
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