El fraude fiscal es un delito que afecta gravemente al conjunto de la sociedad, puesto que tiene una incidencia directa en elementos vitales para el buen funcionamiento de la democracia como la igualdad, la redistribución de la riqueza o la calidad de los servicios públicos. Además, tiene una peculiaridad muy importante: sus perjuicios se agravan conforme aumenta la posición socioeconómica de la persona –ya sea física o jurídica– que lo comete.
Según informa el diario digital CTXT (Contexto), con el propósito de analizar la situación del fraude fiscal en España, el Observatorio Social ‘la Caixa’ ha elaborado un informe centrado en el IRPF, “el impuesto progresivo y redistributivo por excelencia de nuestro sistema tributario”.
Los cálculos llevados a cabo al calor de la investigación arrojan una cifra difícil de digerir: el cumplimiento fiscal en el sector del capital financiero se sitúa entre el 50 y el 60%. Es decir, entre la mitad y el 40% de las rentas del ámbito financiero se escapan al pago del IRPF.
Además, este tipo de rentas tienen una preponderancia muy clara en el fraude por excelencia: la ocultación en paraísos fiscales. Según estimaciones, el tamaño de estas evasiones en el exterior podría alcanzar el 30% del total de las rentas financieras declaradas. De nuevo, es vital enfatizar en que se trata de las grandes fortunas y, por ende, su contribución se traduciría en enormes cantidades de dinero. Para demostrar que esto es así, otro dato: las rentas ocultas en paraísos fiscales podrían suponer el 61% de las rentas declaradas por el 1% más rico.
Cuanto mayor es el nivel de renta, mayor es la probabilidad de cometer fraude fiscal
En definitiva, señala CTXT, el informe demuestra que existe una relación directa entre nivel de renta y fraude fiscal. Cuanto mayor es el nivel de renta, más probabilidades hay de que se incurra en fraude fiscal. Al final, esto se traduce en una pérdida gravísima de recaudación que, en 2017, ascendió hasta los 7.101 millones de euros, un 9% de la recaudación potencial por IRPF durante ese año y un 0,7% del PIB. Para poner en perspectiva las cifras, los presupuestos generales presentados para 2023 prevén un gasto de 7.049 millones de euros para el Ministerio de Sanidad.
La buena noticia es que la opinión pública está empezando a no aceptar esta impunidad de las élites económicas: hasta un 70% de la población considera que el fraude fiscal no es justificable, una proporción que ha ascendido desde el 50% a principios de los años 80.
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