El nuevo “Escudo Social” amplía el Bono Social, sube el Ingreso Mínimo Vital y se pone tope a la subida de los alquileres

“El BOE nuestro de cada día” informa hoy de las medidas del nuevo “Escudo Social” aprobado por el Gobierno, recogidas en un decreto ley que entra en vigor mañana 31 de marzo y que amplía coberturas sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el bono social, y pone tope a las subidas de los alquileres a causa de la alta inflación, además de bonificar 20 céntimos el libro de carburante, prorrogar rebajas de impuestos a la electricidad y aprobar ayudas a empresas y permitir que los supermercados limiten el número de productos que compra cada persona

Bono social, umbrales más altos para que pueda acceder más gente

Otra de las ayudas que cambian, y bastante, es el bono social, el descuento en la factura de la luz para personas vulnerables. Por un lado, se concederá a todos los beneficiarios del IMV. Hasta que la aplicación que analiza las solicitudes esté lista, y desde mañana, quienes reciban el ingreso mínimo podrán solicitar el bono social a su comercializadora presentando la documentación que lo acredite.

Por otro lado, elevan los umbrales de ingresos máximos para poder acceder, lo que significa dejar pasar a más gente. Hasta ahora, esos umbrales solo tenían en cuenta los menores en la familia, que podían hacer subir el umbral base (1,5 veces el IPREM en 14 pagas) en 0,5 cada uno. Ahora también se tienen en cuenta otros adultos que formen parte de la unidad de convivencia, a 0,3 cada uno. Además, si hasta ahora las víctimas de violencia de género, del terrorismo, personas con discapacidad de mínimo el 33%, dependientes y familias monomarentales podían subir ese umbral un 0,5, ahora lo pueden hacer un punto.

Así a partir de la entrada en vigor de las nuevas medidas del “Escudo Social” aprobadas por el Gobierno el 30 de marzo de 2022, PODRÁN BENEFICIARSE DEL BONO SOCIAL las unidades de convivencia sin hijos con un nivel de renta no superior a 12.159,42 euros brutos al año en 14 pagas; en el caso de que haya un menor en la unidad de convivencia los ingresos no deberán superar los 16.212,56 euros y cuando sean dos los menores en la familia, la renta bruta no podrá ser mayor de 20.265,70 euros anuales en 14 pagas.

Las comercializadoras de referencia de tarifa regulada (Baser, Régsiti, Curenergía, Energía XXI o Gas & Power) están obligadas, en las próximas tres facturas, a enviar a todos sus clientes de mercado regulado, el PVPC, una carta en la que expliquen las nuevas condiciones; además de incluirlo en sus páginas web.

En paralelo, se prorroga hasta el 30 de junio el aumento del descuento en la parte del consumo de la factura (no sobre el total facturado), que era del 25% para vulnerables y del 40% para vulnerables severos, pero desde octubre de 2021, es del 60 y del 70%, respectivamente. En todo caso, LOS DESCUENTOS ESTÁN SUJETOS A LÍMITES MÁXIMOS DE CONSUMO DE LUZ ANUALES que son:

• Familia sin menores – 1.380 kWh anuales
• Pensionistas o familias con un menor – 1.932 kWh anuales
• Familias con dos menores – 2.346 kWh anuales
• Familias numerosas – 4.140 kWh anuales

Por otro lado, ya no será necesario renovar la solicitud del Bono Social  cada cierto tiempo. Las familias numerosas lo tendrán mientras lo sean. Para el resto: durará dos años y, dos meses antes de que caduque, las comercializadoras deberán comprobar si siguen cumpliendo los requisitos y RENOVAR EL BONO SOCIAL AUTOMÁTICAMENTE. Además, se ha recortado de 15 a 10 días el tiempo de tramitación.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sube un 15% durante tres meses

La medida más relevante es la subida de un 15% del IMV en las pagas de abril, mayo y junio. Ese porcentaje se aplicará, además, sobre el total de lo que se cobre ahora, incluyendo los complementos por hijo.

Además, da algo más de flexibilidad a la hora de cumplir una de las obligaciones de los solicitantes de esta ayuda: aunque presentar la declaración de la renta sigue siendo obligatorio, no se suspenderá el IMV hasta que quienes están obligados a presentarla no lo hagan durante dos ejercicios seguidos.

Y elimina de forma definitiva la obligación para muchas personas (no estudiantes, jubilados o dependientes, por ejemplo) de estar dados de alta como demandantes de empleo: serán directamente los servicios de empleo de las comunidades autónomas quienes den de alta a los beneficiarios del IMV.

Tope del 2% a la subida de los alquileres

Asimismo, este nuevo “Escudo Social” aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras ayer limita las subidas de precios al 2% –en principio, hasta junio–, está previsto para todos los grandes tenedores, independientemente de si son personas físicas o jurídicas; y no hay limitaciones territoriales, ni de zonas con precios más o menos tensionados.

La limitación de las subidas al 2% es también una de las cuestiones que los Sindicatos de Inquilinos y Llogateres han reclamado incluir en la nueva Ley de Vivienda actualmente en tramitación parlamentaria. Precisamente, este próximo jueves, los sindicatos presentarán en el Congreso de los Diputados las enmiendas que proponen al texto. Entre ellas, indican, incluyen ese tope del 2%.

1.200 millones para la acogida de personas ucranianas

Aunque las órdenes ministeriales que pusieron en marcha el sistema especial de acogida para personas que lleguen de la guerra de Ucrania aseguraban que no iba a suponer un incremento de gasto, es evidente -y normal- que no era cierto. Así, el decreto ley de hoy aprueba un crédito extraordinario de 1.200 millones en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para atender este gasto. Al menos la mitad irá a parar a entidades privadas que colaboren en la acogida.

Otro de los puntos relevantes trata sobre la protección de menores no acompañados. Así, establece la tutela, que los hermanos no podrán ser separados y, lo más importante, permite acreditaciones de urgencia de entidades para poder acogerles de forma temporal, así como familias, para las que se pedirá informe psicosocial, certificado de antecedentes penales y de que no están inscritos en el registro de delincuentes sexuales.

Además, se han aprobado varias normas que permiten flexibilizar sus trámites en España: pueden presentar una declaración responsable si no tienen certificados de nacimiento o de antecedentes penales; también si les falta alguna documentación para homologar títulos educativos. Además, las ONG que colaboran en su acogida podrán acreditar casos de víctimas de trata o explotación sexual.