Cuatro empresas privadas de salud mental hacen negocio con dinero público mientras el Defensor del Pueblo denuncia el déficit crónico en la sanidad pública

Según informa el diario InfoLibre (ver aquí), las cuatro principales empresas privadas, propiedad de fondos de inversión, dedicadas a la prestación de servicios de Salud Mental facturaron en 2020 unos 140 millones de euros, que en su mayoría procedían de las arcas públicas, a semejanza de lo que viene ocurriendo en el sector de las residencias de mayores. Entre las Comunidades Autónomas que han financiado a algunas de estas empresas se encuentra el Gobierno de Asturias, de acuerdo con los datos de infoLibre.

Tres de las cuatro compañías –Grupo 5, Mentalia y Hestia Alliance– son claramente dependientes del dinero público. Su principal vía para conseguir los fondos son los conciertos, que consisten en cobrar a la Administración por cada plaza que ponen a su disposición para los pacientes que lo necesiten. En otros casos el pago se produce por gestionar centros tutelados o centros de rehabilitación. El único de los grandes grupos que no vive del dinero público es Ita Salud Mental, aunque parte de sus ingresos tengan su origen en las Administraciones.

De acuerdo con los datos de InfoLibre, la facturación de las cuatro empresas en el área de salud mental fue la siguiente: 47 millones Ita, 35 millones Mentalia, 33 millones Grupo 5 y 25 millones Hestia Alliance y la Clínica López Ibor.

Las cuatro compañías tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo de inversión, y tres de ellas pertenecen a grupos empresariales europeos cuya actividad principal es la gestión de geriátricos: Korian es el dueño de Ita Salud Mental, Orpeaes la propietaria de Hestia Alliance y DomusVi controla Mentalia. El elenco se completa con Grupo 5, que pertenece al fondo español Corpfin.

El Defensor del Pueblo denuncia el déficit crónico de recursos en atención primaria, salud mental y salud pública

Mientras se derivan importantes cantidades de dinero de los presupuestos públicos al negocio de empresas privadas, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) han felicitado al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, por los contenidos de su informe al Congreso de los Diputados del año 2020, denunciado la situación de precariedad que sufre la atención primaria, la salud mental y la salud pública en todas las Comunidades Autónomas, a consecuencia de los recortes sufridos en recursos y personal en los últimos diez años.

La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública resume el informe del Defensor del Pueblo en los siguientes ocho puntos:

1. La COVID ha puesto en crisis y llevado al límite al Sistema Nacional de Salud que ha sido superado por esta emergencia sanitaria.
2. La epidemia evidenció las consecuencias de las políticas de RECORTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS que han debilitado los Servicios de Salud de la mayor parte de las Comunidades Autónomas.
3. Como consecuencia los pacientes con enfermedades distintas al coronavirus se han visto RELEGADOS al haberse suspendido o RETRASADO miles de intervenciones quirúrgicas, generando así unas enormes listas de espera que precisan de planes de refuerzo y de nuevos recursos en las especialidades más afectadas.
4. La situación de las urgencias sanitarias y de la atención primaria es de una gran fragilidad por FALTA DE PERSONAL Y DE EQUIPAMIENTO, lo que ha creado problemas de accesibilidad de la población y unas listas de espera en los Centros de Salud absolutamente inaceptables.
5. Se necesitan planes para REFORZAR LOS CENTROS DE SALUD con más profesionales y medios técnicos, para afrontar una situación cuya solución no puede demorarse más.
6. Existe un DÉFICIT CRÓNICO en atención primaria, salud pública y salud mental.
7. Aunque la pandemia obligó a las administraciones a contratar con urgencia a personal en atención primaria la temporalidad y la precariedad de los contratos aumentó considerablemente y su situación es difícilmente soportable.
8. Es URGENTE una nueva política de personal que fidelice a los trabajadores del sistema público con empleo fijo y de calidad, una remuneración de acuerdo a su profesionalidad y una formación continuada que evite que huyan a otros países o cambien de especialidad como es el caso de la Atención Primaria.

Desde la FADSP vienen denunciando sistemáticamente esta problemática desde hace años, por lo que se congratulan con los contenidos de este importante informe y esperan una respuesta rápida de la Administración Central y especialmente de las Comunidades Autónomas que tienen trasferidas la responsabilidad de planificar y gestionar los recursos sanitarios.

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