Más del 40% de los ingresos familiares se tiene que dedicar a pagar el alquiler de la vivienda, en no pocos casos

La violación del derecho constitucional a una vivienda digna se ha convertido en uno de los dramas sociales más destacables que existen en España, y que afecta con mayor dureza a las clases populares, constata el profesor Vicenç Navarro es su artículo en el Diario Público titulado «Uno de los derechos constitucionales más ignorados en España: el derecho a la vivienda«.

«El artículo 47 de la Constitución Española dice textualmente que «todos los españoles tienen derechos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Y una vez establecido el derecho, el artículo instruye a «los poderes públicos [a promover] las condiciones necesarias y [establecer] las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». Entre estas normas está la de «regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

En otras palabras, lo que la Constitución Española está diciendo es que el derecho a la propiedad está supeditado a la función social que realiza. Es decir, la Constitución reconoce que la vivienda no es solo un bien económico sino también social, tema en el que el Estado, con su enorme insensibilidad hacia el drama social que crea su desobediencia a tal mandato constitucional en España, muestra una enorme desatención».

Causas del enorme problema social: el excesivo precio de los alquileres

Estamos viendo una burbuja enorme, predominantemente del alquiler. Los precios de los alquileres han crecido a una velocidad desmesurada. El precio de la vivienda en alquiler en España se ha encarecido un 50 % en cinco años y un 32 % en 10 años, mientras la precariedad en el empleo se ha incrementado y los salarios han bajado, perdiendo poder adquisitivo. Ello explica que para amplios sectores de la población los gastos de alquiler representan el 40% o más de sus ingresos.

Según el Fondo Monetario Internacional España es el país de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) que peor relación tiene (después de Polonia) entre los precios de la vivienda y los ingresos del hogar (Global Housing Watch FMI). El altísimo porcentaje (más del 40%) de los ingresos familiares que se tiene que dedicar a pagar el alquiler contrasta con los existentes en países europeos tales como Francia (16,5%), Suiza (18,2%) o Alemania (23%) donde tales porcentajes son mucho más bajos.

Una consecuencia de esta realidad es el elevadísimo número de desahucios en España. Pese a haber registrado un descenso del 54% en el último año como consecuencia de las medidas del “Escudo Social” del Gobierno de Coalición, entre abril y diciembre de 2020 fueron ejecutados 14.249 desahucios por impago de las rentas de alquiler y 4.523 por ejecución de hipotecas.

Las falsedades neoliberales

Asimismo, como afirma el profesor Vicenç Navarro, en su artículo «El escandaloso problema del elevado coste del alquiler«, una de las falsedades más reproducidas por los gurús del neoliberalismo es que en aquellos países donde la regulación de los precios del alquiler se ha llevado a cabo ha fracasado. Tales fake news (noticias falsas) han ido aumentando casi al mismo tiempo que ha ido creciendo el número de países donde se han ido aprobando leyes que permiten a las ciudades regular el precio de los alquileres. Uno de ellos es EEUU, el país que los neoliberales suelen tomar como punto de referencia. En realidad, este país tiene muchas ciudades que aplican un control de los alquileres, siendo el caso más conocido el de Nueva York, donde nada menos que el 50% de las viviendas de alquiler en aquella ciudad tiene regulado su precio. Tales medidas han sido reforzadas por el Estado de Nueva York hace solo unos meses frente a la oposición del sector inmobiliario, pero con un gran apoyo entre la mayoría de la población.

Y un tanto igual ocurre en muchos países de la Unión Europea. Naturalmente que hay varias formas de regulación o control del precio del alquiler, como las de Berlín, París, Viena, etc., ciudades todas ellas que tienen capacidad de regulación del precio del alquiler autorizada por sus respectivos Estados.