Se somete a revisión el funcionamiento actual del Sistema de Atención a la Dependencia. El Gobierno quiere modificar el modelo de atención a la dependencia «para adaptarlo a las nuevas necesidades de una población más longeva y que quiere permanecer en sus lugares de residencia y en sus entornos», según informa el diario La Vanguardia el pasado 28 de julio.
En la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social, impulsada por la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y formada por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, se ha puesto de manifiesto la urgencia de aprobar ese plan de choque, pero también otras medidas inmediatas en el contexto de la pandemia. «La covid-19 ha evidenciado un sistema debilitado por la gestión y los recortes del Partido Popular. Es vital emprender cambios orientados a universalizar servicios públicos e implementar un sistema basado en la atención a la persona», ha explicado Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales.
Según explica el Ejecutivo, revertir esos recortes y recuperar los derechos asociados a las prestaciones que aún no se han retomado han sido desde el principio una prioridad para la Secretaria de Estado de Derechos Sociales. «Con la Mesa de Dialogo Social se pretende analizar y repensar el modelo de atención a la dependencia con todos los actores implicados en el sector, para poner en marcha cuanto antes un plan de choque que permita recuperar el sistema de los años de recortes». Pero también trabajar a corto plazo sobre las medidas inmediatas para hacer frente al contexto Covid, en paralelo al trabajo realizado con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Territorial, anuncia el Gobierno.
Sindicatos y patronal trasladaron al Ejecutivo el documento «Propuesta en relación a la necesidad de evaluación del modelo de atención del Sistema de Atención a la Dependencia tras la crisis sanitaria derivada del Covid-19», en el que reclaman mayor financiación y coordinación del sistema sociosanitario. Defienden esa «necesaria evaluación» de la aplicación de la ley de Dependencia de 2006, «al menos en cuanto a la atención a los mayores se refiere, ya que la crisis ha evidenciado la fragilidad con la que se ha implantado el modelo original de atención a la dependencia» y por la «infrafinanciación» del sistema, en el que el estado aporta el 17 % y las comunidades el 83 %, cuando debería hacerse al 50 % por cada administración.
Los agentes sociales proponen que el plan de choque restituya la calidad y la suficiencia de las prestaciones del Sistema de Dependencia. Desde la secretaría de Estado de Derechos Sociales se ha expresado la intención de aprobar ese plan «a la mayor celeridad y en el marco de la negociación de los presupuestos generales». «Es crucial ir de la mano de los sindicatos y de la patronal y tener una reflexión y un debate profundo de las fragilidades del modelo de dependencia, algunas evidentes en la pandemia, y de las vías para reformar y mejorar el sistema y restituir los derechos del modelo de dependencia», ha asegurado Nacho Álvarez.
El síntesis el Gobierno plantea modificar el modelo de dependencia «para adaptarlo a las nuevas necesidades de una población más longeva y que quiere permanecer en sus lugares de residencia y en sus entornos». En este sentido, el secretario de Estado apuesta por diseñar un modelo «que impulse la teleasistencia y mejore la atención domiciliaria, con medidas innovadoras que se adapten a esas propuestas».
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