Desde la Unión de Consumidores de Asturias denunciamos que se está cortando indebidamente el suministro eléctrico y de gas a familias que desconocen que la Ley les protege por su grado de vulnerabilidad.
Es más, legalmente no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social beneficiarias del Bono Social Eléctrico, en las que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.
Por ello, EXIGIMOS al nuevo Gobierno la creación urgente del “Estatuto del consumidor vulnerable”, al tiempo que NOS PONEMOS A DISPOSICIÓN de todas las personas consumidoras en situación vulnerable, para asesorarlas gratuitamente acerca de cómo acceder al Bono Social Eléctrico y Térmico, y beneficiarse de descuentos entre 250 y 300 euros al año en la factura eléctrica y como ayuda para el gasto de calefacción.
Tal es la nefasta gestión del Bono Social Eléctrico y Térmico, que ayer mismo finalizaba el plazo dado por el Ministerio para localizar a más de 3.000 personas beneficiarias del Bono Social Térmico en Asturias, y que cumplimentaran sus datos para poder cobrarlo. Dicho de otra manera, por la mala gestión de la Secretaría de Estado de Energía miles de personas que sufren la pobreza energética y no pueden mantener su hogar a la temperatura adecuada, van a perder entre 50 y 120 euros en ayudas porque según la Administración no han podido ser localizadas.
Como acreditan los datos de la «Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social», el 21% de la población asturiana estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2018. Esta cifra es 3,7 puntos superior a la del año anterior, lo que supone la ruptura de la tendencia descendente de los años 2016 y 2017 y la vuelta a cifras superiores a las del inicio del período de crisis. En términos absolutos, unas 215.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Asturias, lo que supone unas 37.000 personas más que el año anterior.
A lo que se une que según la Agencia Europea de Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER), el supervisor europeo de la energía, en los hogares españoles pagamos la mayor subida de la luz de Europa: el recibo aumentó un 66,8% entre 2008 y 2018. El alza acumulada en la última década para las personas consumidoras en España es muy superior a la media de la UE, que fue del 28,2%. Al tiempo que el incremento de la factura del gas ha supuesto que España sea el tercer país europeo con la mayor subida para las hogares entre 2008 y 2018: un 25,4%, frente al 9,1% de media en Europa.
Por lo que demandaremos al nuevo Gobierno, junto al resto de actores sociales que defendemos los intereses de la mayoría social, una intervención eficaz para terminar con el oligopolio eléctrico y su tradicional condicionamiento de la regulación del sector eléctrico. De manera que se tomen medidas en contra de los escandalosos precios de la luz, como las siguientes:
- Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una nueva tarifa regulada por el Gobierno, de manera que las familias y personas consumidoras que no superen dos veces el SMI no tengan que dedicar más del 2% de sus ingresos a las facturas energéticas (electricidad y gas).
- Revisión del actual sistema de peajes, que otorga a las eléctricas beneficios «caídos del cielo».
- Aplicación de un tipo de IVA superreducido pasando del actual 21% al 4%.
- Creación de una auténtica tarifa social. Ampliando los niveles de renta, aumentando los descuentos, los límites a bonificar y que la documentación para solicitar el bono social sea aportada de oficio por la propia Administración.
- Aplicación automática de los descuentos del Bono Social a todas las personas en situación de vulnerabilidad.
- Prohibición legal de los cortes de luz a familias y personas con bajos niveles de renta (hasta 3 veces el IPREM).
- Creación de un Observatorio Estatal de la Pobreza Energética.
- Auditoría al sistema eléctrico.
¡Tú eres la Unión de Consumidores!
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