Éxito de las concentraciones en Asturias frente a la decisión del Supremo

Texto del manifiesto leído durante las concentraciones:

Como sabéis, el Tribunal Supremo ha dado la espalda a la mayoría social, revocando una VALIENTE sentencia que cargaba el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a los bancos.

Es necesario hacer una breve síntesis de los hechos:

El día 16 de octubre los 5 expertos en materia tributaria de la sala tercera del Tribunal Supremo dictan 3 sentencias considerando que el banco deberá hacerse cargo del pago del impuesto por ser el único beneficiario de esta tramitación. No podemos dejar de recordar que cuando se suceden 3 sentencias de este Tribunal automáticamente se consolida lo que se conoce como Jurisprudencia que es de aplicación obligada por el resto de tribunales.

Poco mas de 24 horas después el presidente de dicha sala, el señor LUIS MARIA DIEZ-PICAZO tras varias llamadas con el presidente del tribunal supremo y del cgpj el señor CARLOS LESMES deciden suspender los efectos de las citadas sentencias por “su enorme repercusión económica y social» y convoca al pleno de la sala (compuesto por 31 magistrados de diferentes especialidades) para decidir si modificaban o no la nueva jurisprudencia.

El día 6 y tras mas de 15 horas de intervenciones y deliberaciones y con el resultado de 15 votos contra 13, se decide que se vuelve al criterio anterior que se venia aplicando por mas de 20 años en el que se considera al prestatario como sujeto pasivo.

Que lectura se puede sacar de todo esto, pues bien, quedan claro que:

El Tribunal Supremo ha habilitado una nueva instancia judicial a la que solo podrán acudir los bancos en caso de que alguna sentencia afecte a su cuenta de resultados y que en esta se hará todo lo posible y lo imposible para que parezca un accidente o ajustado a derecho.

Y lo que parece mas obsceno, es que cuando se alega ”la enorme repercusión económica y social” en una sentencia o para suspender los efectos de alguna de ellas, lo que se esta queriendo decir es que los bancos o los mercados se van a ver afectados y nunca se piense en los millones de personas a las que se perjudica.

Pero esto no es mas que la «gota que colma el vaso» y pone aún más en evidencia, -si cabe- la falta de independencia de la cúspide del sistema judicial y sus lazos con determinadas élites políticas y el poder financiero, socavando profundamente la confianza de la mayoría de la sociedad en la justicia española.

Dicha falta de independencia del Tribunal Supremo hace mucho tiempo que se viene haciendo patente. No podemos dejar pasar esta oportunidad para reseñar algunos hitos que así lo evidencian:

– Por ejemplo, mientras cientos de miles de familias humildes han sufrido y sufren procedimientos de ejecución hipotecaria, desahucios y continúan cargando con una deuda exorbitante con los bancos, el Tribunal Supremo -entre otros poderes del Estado- mira para otro lado, SIN INVOCAR, en estos casos, «su enorme repercusión económica y social», como ha hecho al paralizar la sentencia del Impuesto y siempre que se han intentado tocar los beneficios de los bancos.

– El caso de la nulidad de las cláusulas suelo, en el que el Tribunal Supremo español adoptaba una decisión sorprendente, al establecer que las entidades financieras sólo tendrían que devolver las cantidades cobradas a partir de la fecha de publicación de la Sentencia de 9 de Mayo de 2013. ARGUMENTANDO razones de seguridad jurídica y «los riesgos de trastornos graves para el orden público económico». Decisión que fue echada abajo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2016, demostrando que, aún con la presión de los poderes financieros, el triunfo del ideal de justicia es posible.

– O el caso de lo que el periodista Andreu Missé denominó «La gran estafa de las preferentes«, uno de los primeros ejemplos de confabulación entre Gobierno, poder financiero y un sector de la judicatura en el que más de un millón de pequeños ahorradores -muchos de ellos de la generación del trabajo duro de la postguerra- fueron engañados al ocultárseles los riesgos de un producto financiero desconocido llamado «participaciones preferentes».

Como ha señalado recientemente un conocido Magistrado «Cuando el diseño del Tribunal Supremo permite potencialmente las presiones partidistas o de las entidades bancarias, nuestro sistema de justicia pierde toda credibilidad ante la sociedad. Necesitamos un poder judicial al servicio de las personas y no de los grupos privilegiados.»

En momentos como este, en los cuales se evidencia la situación insostenible en que se encuentra el Tribunal Supremo, es cuando hay que movilizarse y organizarse para lograr un poder judicial al servicio de las personas y no de los grupos privilegiados.

¿Os imagináis seguir con una cúpula judicial que protege a los bancos y castiga a la mayoría de social? Yo no me lo puedo imaginar. Y apostaría a que la mayoría de la gente tampoco se lo puede imaginar. Por ello, pedimos a nuestros representantes en las instituciones que actúen pronto para que tengamos un poder judicial independiente de las élites políticas y los poderes económico-financieros. Para terminar con ese otro tipo de corrupción del que raramente se habla en los periódicos, que es la enorme falta de protección de los intereses de las personas consumidoras.

Por eso pedimos la dimisión de los artífices de este bochornoso espectáculo!!! el señor LUIS MARIA DIEZ-PICAZO y el señor CARLOS LESMES porque cada minuto que siguen al frente de esta institución baja el prestigio de la justicia en este país y sube mas la bolsa!

¡Por la democracia la independencia judicial, la independencia judicial por la democracia!

Vídelo de las concentraciones

Declaraciones de Dacio Alonso tras finalizar la concentración en Oviedo

¡Tú eres la Unión de Consumidores de Asturias!