Después de cientos de denuncias y una perseverante lucha hemos conseguido, junto a otras asociaciones de consumidores, que el Gobierno aprobase y entrara en vigor el pasado 7 de octubre de 2018 la «prohibición de la comercialización puerta a puerta para las compañías eléctricas y de gas».
Una práctica que daba lugar a multitud de fraudes y engaños -particularmente entre las personas mayores– relacionadas con el cambio de contrato sin conocimiento de la persona consumidora, el aumento de la potencia eléctrica sin necesidad o la venta de servicios adicionales relacionados con los electrodomésticos, sin una información adecuada a las personas afectadas.
De la dimensión del engaño nos da cuenta el hecho de que durante 2017 más de 906.000 contratos de electricidad fueron cambiados al «mercado libre», hasta alcanzar los 14,5 millones, a pesar de ser los contratos con los precios más elevados y que, por lo tanto, más interesan a las compañías del oligopolio eléctrico (EDP, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, y Viesgo).
Al tiempo que la tarifa regulada o de Precio Voluntario al Pequeño consumidor (PVPC), la más económica para las personas consumidoras en comparación con los precios del kilovatio en las compañías del oligopolio, retrocedió en el año 2017 hasta los 11,4 millones de contratos, el 44% de todos los contratos domésticos de electricidad, el porcentaje más bajo de la serie histórica.
Así pues, si de algo nos tenemos que felicitar en particular del Decreto-Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, es que incluye, entre una larga serie de medidas vinculadas al sector, la prohibición de la venta puerta a puerta para las compañías de electricidad y gas. Hemos logrado que tan nefasta práctica ya sea historia.
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La Unión de consumidores, ¡Siempre a tu servicio!
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