La justicia europea da la razón al Supremo al rechazar los intereses de demora abusivos

Una cláusula no negociada en un contrato de préstamo con un consumidor que impone un tipo de interés de demora, desproporcionadamente alto o superior a los dos puntos, se considera abusivo.

Esta sentencia del TJUE se produce como consecuencia de varias preguntas (cuestión prejudicial) que el Tribunal Supremo español planteó para conocer si la postura adoptada por nuestro Alto Tribunal en una sentencia del año 2015, contravenía o no el derecho europeo de la Directiva 93/13.

En el año 2011, un consumidor firma un préstamo hipotecario con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), posteriormente, absorbida por el Banco Sabadell. El importe del préstamo solicitado ascendía a 17.633,70 euros. El tipo de interés remuneratorio era del 5,5 % anual, sujeto a variación a partir del primer año. En el momento de los hechos, el mencionado interés remuneratorio se devengaba al tipo del 4,75 % anual. En cuanto a los intereses de demora, la cláusula 6 del contrato establecía que estos se calcularían al tipo del 25 % anual.

Al retrasarse en el pago el consumidor, comenzó a aplicarse el interes remuneratorio de mora al 25%, e interpuso una demanda contra el Sabadell para solicitar la nulidad de esta cláusula, que consideraba abusiva. El juzgado de primera instancia así como la Audiencia Provincial de Alicante, consideraron la cláusula nula, pero limitaron su aplicación al triple del interés legal del dinero, en lugar de inaplicarla.

El consumidor acudió al Tribunal Supremo que tuvo dudas, durante el procedimiento, respecto al marco normativo de la Directiva 93/13, en cuanto al carácter abusivo de dicha cláusula de interés de demora y las consecuencias de la abusividad, por lo que planteó la cuestión prejudicial al TJUE.

El tribunal europeo coincide con el Supremo en que si los intereses de demora son abusivos, deben de dejar de aplicarse, es decir, los jueces no pueden modificar su cuantía porque la cláusula automáticamente deja de tener efecto, y es suspendida. Sin embargo, el deudor (consumidor) tendrá que seguir pagando los intereses mensuales pactados en el préstamo. Valida, por otra parte, la sentencia del Supremo del año 2015 en el que limita el tipo de interés máximo de demora a dos puntos sobre el interés ordinario.

El TJUE defiende, en respuesta a la duda planteada por el Supremo, que la jurisprudencia del Alto Tribunal español «responde al objetivo de protección de los consumidores» que persigue la directiva europea contra cláusulas abusivas. Y añade que el fin es no tanto garantizar un equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato sino evitar que se produzcan desequilibrios en perjuicio de los consumidores.

Llama la atención la respuesta del Gobierno español, parte en el proceso y que puede presentar sus alegaciones ante el TJUE y que manifiesta que la opinión del Tribunal Supremo español no es vinculante para las partes, sino más bien complementa al ordenamiento jurídico español, dotándolo de uniformidad. Para el Gobierno, las sentencias del Tribunal Supremo no tienen fuerza de Ley y no son fuente de derecho, por lo que, los tribunales inferiores al Supremo pueden dejar de aplicar sus decisiones.

También se pronuncia sobre la cesión de créditos en los contratos de préstamo hipotecario, por ejemplo, el supuesto en el que el consumidor celebra un contrato de préstamo hipotecario con el Banco Santander, que posteriormente, fue absorbido por un tercero, sin que el usuario fuera informado y le reclama la deuda en los juzgados. En este sentido el tribunal de Luxemburgo entiende que se tratan de prácticas empresariales y no puede pronunciarse al no ser una cuestión que entre en el ámbito de compentencia de la Directiva sobre cláusulas abusivas.

Sentencia del TJUE

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