Moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, el 11 de abril de 2018, a propuesta de la Unión de Consumidores de Asturias y el Consejo Sectorial de Consumo, sobre los problemas de las personas consumidoras en el mercado eléctrico y la escasa protección de los colectivos sociales vulnerables y con rentas bajas.
La energía eléctrica es fundamental para hacer posible unas condiciones de vida dignas. Por ello, asegurar su suministro a unos precios justos y garantizar que ninguna persona se pueda ver privada de dicha energía, es una condición irrenunciable para el bienestar social y para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
El hecho de que los precios de la electricidad en España hayan tenido una escalada realmente abusiva y que millones de personas en España -y miles en Gijón- estén sufriendo la denominada «pobreza energética» son las razones para trasladar a la Corporación Municipal las siguientes consideraciones y propuestas.
CONSIDERANDO
– Que, como afirma la Defensora del Pueblo en su informe sobre la «Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica» (mayo de 2017), «el suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico, que aboca a la exclusión social. Dado su carácter instrumental se debería avanzar hacia el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho subjetivo que, como tal, ha de ser protegido y amparado por los poderes públicos».
– Que, como también se afirma en el informe arriba citado, «el esfuerzo que realizan los hogares para pagar lo suministros energéticos se ha elevado considerablemente. En el ámbito específico de la energía eléctrica, la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la misma se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, por la confluencia de dos factores: la crisis económica y la subida del precio de la electricidad».
– Que según datos de la Oficina Estadística de la Comisión Europea, Eurostat, el precio de la electricidad en España se ha visto aumentado de forma considerable en los últimos años, con un aumento del 74,5% durante los últimos 7 años; siendo España el tercer país con la electricidad más cara de Europa. Y según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la factura media de la luz en 2017 fue de 565,31 euros frente a los 516,42 euros (IVA incluido) que pagamos en 2016; más del 5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Eso significa que sólo en 2017 el precio de la luz se incrementó un 9,5% más.
– Que el sistema de tarifas ha ido modificándose paulatinamente para dar mayor peso a la parte fija, de manera que el precio de la electricidad consumida representa entorno al 35% de la factura, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. Lo que según la Defensora del Pueblo ha dado lugar a «numerosas quejas de ciudadanos expresando su desacuerdo con el elevado importe que pagan, incluso en los meses en que los que no se registra ningún consumo en la vivienda».
– Que han quedado acreditadas por la CNMC las malas prácticas de los comerciales de las compañías del oligopolio eléctrico, cambiando los contratos con engaños y sin consentimiento de las personas consumidoras. Lo que ha dado lugar a varias sanciones a las compañías eléctricas por parte de la CNMC y a la recomendación de «que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica -especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores-«.
– Que según la última encuesta realizada por la Unión de Consumidores de Asturias sobre «Opiniones y percepciones sobre el mercado y las compañías de electricidad en Asturias» más del 40% de las personas entrevistadas desconoce las diferencias entre la tarifa PVPC y las tarifas del mercado libre y un 47% dice no entender la factura eléctrica.
– Que según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el 11 por ciento de las familias españolas, cinco millones de personas, sufren la «pobreza energética», teniendo serias dificultades para pagar la factura de la luz y no pudiendo mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses fríos.
– Que tal y como señala la Defensora del Pueblo en el informe reseñado más arriba, «son fundamentales las políticas orientadas a garantizar el suministro eléctrico a las personas físicas en su domicilio habitual y que se cubra el pago de quienes no pueden hacer frente al mismo. Ha de velarse por el empleo justo de los recursos destinados a este fin, de manera que llegue a los hogares que realmente lo necesitan».
– Que tal como se ha regulado el bono social eléctrico en el reciente Real Decreto 897/2017, muchas familias y personas consumidoras con bajos niveles de renta y serias dificultades para poder pagar la factura de la luz quedan excluidas del bono social, lo mismo que las personas consumidoras que tienen contrato de mercado libre.
– Que según la citada última regulación del bono social, los bajos descuentos en la factura no ofrecen las garantías suficientes de suministro eléctrico a amplios segmentos de personas consumidoras; los descuentos están sujetos a restrictivos limites de consumo y no cubren las necesidades básicas de electricidad de la inmensa mayoría de los hogares en situación vulnerable; el sistema de acreditación de los requisitos para el acceso al bono social es todo lo contrario de sencillo, ágil y eficaz, al tiempo que no protege de los cortes de la luz y no impide que las comercializadoras sigan haciendo negocio con los reenganches al suministro.
Por todo ello, el Consejo de Consumo presenta para su aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Gijón la siguiente
MOCIÓN
PRIMERO. El Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a que modifique las diferentes leyes y normativas que regulan el Sector Eléctrico, al objeto de cumplir con el precepto constitucional de garantizar, mediante procedimientos eficaces, la defensa de los intereses económicos, la seguridad y la salud de las personas consumidoras en general y de los consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética, en particular, y se sirva tener en cuenta las propuestas que a continuación se exponen:
1. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una nueva tarifa regulada por el Gobierno, de manera que las familias y personas consumidoras que no superen dos veces el SMI no tengan que dedicar más del 2% de sus ingresos a las facturas energéticas (electricidad y gas). Y en particular para el suministro eléctrico esencial que garantice unas condiciones de vida digna y para alcanzar un nivel satisfactorio de calor en su vivienda (21 grados en la habitación principal y 18 grados en las demás habitaciones, según la Organización Mundial de la Salud).
2. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad y gas, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
3. Creación de una auténtica tarifa social. Modificación del actual «Bono Social» ampliando los niveles de renta, hasta 3 veces el IPREM, para garantizar el acceso a dicha tarifa social a todas las familias y personas consumidoras en situación de vulnerabilidad y de bajos ingresos; aumento de los descuentos a un mínimo del 50% de la factura a quienes tenga derecho al bono social; aumento de los limites a bonificar hasta los 3.487 kWh/año en que se sitúa el consumo medio de electricidad por hogar en España y aplicación automática de la tarifa social por parte de las comercializadoras a quienes cumplan los requisitos.
4. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias y personas con bajos niveles de renta (hasta 3 veces el IPREM). Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
5. Creación de un Observatorio Estatal de la Pobreza Energética que integre a todas las partes interesadas: gobierno, proveedores de energía y asociaciones ciudadanas (consumidores, vecinos, sanidad, lucha contra la exclusión, entes locales, etc.) y facilite un conocimiento preciso del alcance de la vulnerabilidad y la pobreza energética.
6. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de una evaluación de la liberalización del sistema eléctrico y su impacto sobre el precio de la electricidad de consumo doméstico, así como análisis de los costes del sistema con el objetivo de determinar el precio real de la electricidad según cada tipo de tecnología.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Gijón impulsará las siguientes medidas al objeto mejorar la información de las personas consumidoras sobre el mercado eléctrico y la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad:
1. Realización de periódicas campañas informativas en colaboración con las asociaciones de consumidores, sobre los diferentes tipos de contratos de suministro de electricidad, los diferentes conceptos que figuran en la factura y condiciones de acceso y beneficios del actual bono social.
2. Aumento de control por parte del Servicio Municipal de Consumo sobre las malas prácticas de las comercializadoras de electricidad y, particularmente, de las visitas a domicilio y el atosigamiento telefónico para influir en los cambios de contrato.
3. Creación de un Observatorio Local de la Pobreza Energética que integre a todas las partes interesadas: Corporación Municipal, comercializadores de energía y asociaciones ciudadanas (consumidores, vecinos, sanidad, lucha contra la exclusión, entes locales, etc.), al objeto de lograr un conocimiento preciso del alcance de la vulnerabilidad social y la pobreza energética.
Consejo Sectorial de Consumo del Ayuntamiento de Gijón, a 13 de marzo de 2018
La Unión de Consumidores, ¡Siempre a tu servicio!
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