Tras solicitar la portabilidad del servicio de telefonía e internet a Orange, recibió una contra-oferta de su antigua compañía y optó por cancelar el cambio de compañía.
Aunque nunca llegó a tener servicio, Orange le facturó 310,49 € en concepto de penalización y gastos de gestión.
De conformidad con los Artículos 68.1, 73 y 101.3 del texto refundido de la ley de consumidores y usuarios, las compañías de telefonía no pueden facturar gastos ni penalizaciones al cliente, siempre que cancele la portabilidad dentro del plazo legal de 14 días.
Por otro lado, aunque hubiera transcurrido el plazo legal de desistimiento, la operadora sólo podría reclamar al cliente los gastos ocasionados como consecuencia directa de la cancelación, como son, por ejemplo, el desplazamiento del técnico al domicilio que, en este caso, no había acudido.
Aunque Orange no quiso anular la penalización, la unión de consumidores presentó una denuncia ante la secretaría de estado de telecomunicaciones, quien, reconociendo el derecho de nuestro asociado, instó a Orange la anulación de la factura.
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