Muebles La Factoría condenada a abonar a una socia 1.600 euros
Después de reiterados y frustrados intentos por parte de nuestro Servicio Jurídico para llegar a un acuerdo, el pasado mes de febrero una de nuestras socias presentó la correspondiente demanda de juicio verbal (reclamaciones hasta 2.000 euros) contra MUEBLES LA FACTORÍA por haber entregado unos sofás que no se correspondían con las medidas pedidas y, en consecuencia, no se adaptaban al espacio a que estaban destinados.
Según se verifica en la sentencia nuestra socia acudió a dicha mueblería, eligió el modelo de sofás a la vista de uno que estaba expuesto en la tienda y entregó las medidas de los dos sofás que quería adquirir; medidas que fueron tomadas por la propia asociada. Surgiendo el conflicto al alegar la mueblería que los sofás entregados se correspondían con las medidas proporcionadas por nuestra socia, pero que dichas medidas no estaban bien tomadas.
Pues bien, según se argumenta en los fundamentos derecho de la sentencia, la normativa de protección de los consumidores impone al vendedor el deber de informar, con carácter previo a la contratación, sobre las características principales del bien objeto del contrato. Lo que trasladado a este caso concreto, exigiría que la mueblería hubiese facilitado un croquis explicativo de cómo realizar la medición y no una mera información verbal; a fin de orientar de forma adecuada a la consumidora sobre cómo deben tomarse las medidas.
En definitiva, el vendedor viene obligado a facilitar información clara y comprensible sobre las características del bien que va a vender y la prueba practicada ha puesto de manifiesto en el presente caso una evidente carencia informativa acerca de las características del producto, concretamente, sobre la forma en qué habían de tomarse las medidas de los sofás, dado que se trataba de un producto a medida con el fin de adaptarlo al espacio existente en la vivienda.
Por todo, ello el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo condena a MUEBLES LA FACTORÍA a abonar a nuestra socia 1.600 euros, más los intereses legales y las costas procesales.
