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Nuevos derechos para todos y todas

Fruto de nuestras iniciativas, actuaciones y lucha, junto a otras asociaciones, se han venido logrando ampliaciones de derechos con nuevas leyes y una mejor protección de los intereses para todas las personas consumidoras con medidas como:

  • La prohibición de la comercialización puerta a puerta para compañías eléctricas y de gas, una práctica que venía suponiendo multitud de fraudes relacionados con el cambio de contrato sin consentimiento y el aumento sin necesidad de la potencia eléctrica.
  • La prohibición del redondeo al alza en el precio de los productos o servicios no usados o consumidos de manera efectiva. Caso de la telefonía que ahora se factura por segundos, prohibiéndose la anterior práctica del redondeo al primer minuto.
  • Que en los aparcamientos el precio a pagar sea por minuto efectivamente utilizado, sin posibilidad de redondeo a tiempo de aparcamiento no utilizado; prohibiéndose el cobro por hora o fracción como antes ocurría.
  • La prohibición de cobrar a la persona consumidora los gastos de documentación, tramitación o enganches a los suministros generales a la hora de adquirir una vivienda; caso de las escrituras, subrogarse en la hipoteca, Plusvalía, IBI, enganches a los suministros generales como el agua, electricidad, gas o alcantarillado.
  • El derecho a poner fin a los contratos en la misma forma en que se realizo el alta.

Mejores servicios públicos

La Unión de Consumidores de Asturias también lleva a cabo iniciativas y actividades encaminadas a mejorar el funcionamiento de los principales servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, transporte…), haciendo especial hincapié en cuatros aspectos:

  • El derecho que tiene la ciudadanía a que la organización y funcionamiento responda a sus expectativas, es decir, que atienda a las necesidades, demandas y peticiones de los ciudadanos.
  • Que sean accesibles en el espacio, el tiempo y de forma material.
  • Que su funcionamiento sea transparente.
  • Que se garantice la participación de los usuarios y sus representantes en la gestión de los servicios públicos y en lo relativo a la toma de decisiones que les afecten.

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