El nuevo bono social les sale gratis a las eléctricas del oligopolio

El nuevo bono social les sale gratis a las eléctricas del oligopolio

Unión de Consumidores - 11/10/2017 - 11:29 0 comentarios
lucia fernandez. El nuevo bono social les sale gratis a las eléctricas del oligopolio y les generan beneficios, al desaparecer la bonificación por tener menos de 3Kw de potencia como hasta ahora, que beneficiaba a más de un 2.000.000 de consumidores en España.

 

NOTA DE PRENSA

 

La Plataforma y la Unión de Consumidores exigen una reforma en profundidad del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas eléctricas y reducir la fiscalidad de este suministro básico aplicando el IVA súper reducido.

 

El pasado sábado 7/10/2017 se publicaba en el BOE el Decreto sobre el nuevo Bono social, confirmándose nuestras criticas y alegaciones al Proyecto de Decreto, presentadas el pasado mes de junio, y que se concretan en los siguientes aspectos más reseñables:

 

  • Los niveles de renta que se establecen cierran la puerta de acceso al bono social a amplios estratos de población. El Decreto aprobado establece para consumidores vulnerables una renta individual o familiar que no supere los 11.280 euros anuales en el caso de hogares sin niños (1,5 veces el IPREM), 15.000 para las familias con un menor (2 veces el IPREM) o 19.000 euros anuales si hay dos menores en el hogar (2,5 veces); familias numerosas o pensionistas que cobren la pensión mínima y no tengan otros ingresos. En el caso de vulnerables severos, no alcanzar la mitad de los niveles de renta anteriores

 

En tal sentido, entendemos que son niveles de renta que dejan fuera del acceso a los descuentos del bono social a amplios estratos de la población que tienen serías dificultades para pagar los actuales precios de la electricidad. Siendo la propia institución del Defensor del Pueblo la que en su estudio sobre "Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica", de mayo de 2017, que resalta el hecho de que "el esfuerzo que realizan los hogares para pagar lo suministros energéticos se ha elevado considerablemente, habiéndose incrementado de manera muy significativa en los últimos años la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la factura eléctrica".

 

  • Los bajos porcentajes de descuento establecidos al conjunto de los conceptos de la factura en el caso del contrato de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no de mercado libre: 25% para consumidores vulnerables y 40% para consumidores vulnerables severos.

En este sentido los reducidos descuentos aprobados nos parecen inaceptables si tenemos en cuenta que en los últimos siete años el precio de la electricidad se ha incrementado más del 70% (una media de incremento del precio de la electricidad del 10% al año); en los nueve primeros meses de este año el recibo de la luz se encareció en 74 euros.

 

  • Los descuentos están sujetos a restrictivos límites de consumo anuales, de manera que los consumos que excedan los límites no serán objeto de descuento en el precio, en los kWh que correspondan. Dichos límites máximos de consumo son de 1.200 kWh para unidades familiares sin menores o consumidores individuales; 1.680 kWh para familias con un menor y pensionistas que cobren la cuantía mínima; 2.040 kWh para familias con dos menores y 3.600 kWh para familias numerosas.

 

Que dichos límites no cubren las necesidades básicas de suministro de electricidad a la inmensa mayoría de los hogares en situación vulnerable lo acredita tanto el informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) realizado para Eurostat en el que señala que el consumo medio de electricidad por hogar en España es de 3.487 kWh/año.

 

  • Un procedimiento de solicitud del bono social complejo e innecesario (que se debe repetir cada año), que, sin duda, desincentivará que muchas personas se acojan al bono social, especialmente entre colectivos como las personas mayores y consumidores con bajos niveles formativos.

En definitiva, un procedimiento que no atiende a la recomendación del informe de la Defensora del Pueblo en el sentido de que "es importante el establecer un sistema de acreditación de los requisitos para el acceso a los nuevos bonos sociales que sea sencillo, ágil y eficaz”. Un procedimiento impropio sobre todo si tenemos en cuenta que existen mecanismos de aplicación automática del bono social mediante el cruce de datos de las comercializadoras, la Dirección General de Energía, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, tal y como se viene realizando en Portugal desde el pasado año.

 

  • Un procedimiento de suspensión del suministro por impago que no protege de los cortes de la luz y no impide que las comercializadoras sigan haciendo negocio con los reenganches al suministro.

 

A este respecto y atendiendo al contenido de la norma catalana, Ley 24/2015 en lo dispuesto en el artículo 6.4 actualmente vigente, proponemos incluir en el procedimiento el "principio de precaución" para proteger a los consumidores vulnerables y vulnerables severos de la suspensión del suministro, de manera que no se pueda cortar a nadie la luz en situación de vulnerabilidad social

 

Oviedo, 11 de octubre de 2017

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