El Gobierno multará a eléctricas, energéticas y bancos con el 150% de los impuestos que repercutan a sus clientes

El Gobierno de coalición ha propuesto este jueves gravar temporalmente con un tipo del 4,8% los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Además el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade a las personas consumidoras. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el coste de los impuestos sobre las personas consumidoras en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

Según informa el  diario Público (ver aquí), el nuevo impuesto al sector energético estaría en vigor durante 2023 y 2024 y pretende recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. Por una parte, el impuesto “excepcional y temporal” dirigido a “las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés”, según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años -sobre los ejercicios 2022 y 2023- y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha celebrado el acuerdo y el registro de la norma, que comenzará a tramitarse en septiembre, cuando se reanudo el periodo ordinario de sesiones en la Cámara Baja. El diputado ha insistido en que su espacio sigue defendiendo la aprobación de un delito fiscal en el Código Penal para las empresas que repercutan impuestos a sus clientes.

Aún así, ha explicado que se mostrarán “vigilantes” con el régimen sancionador recogido en la ley: “Vamos a estar vigilantes sobre cómo funciona este nuevo gravamen. Lo que figura en estos momentos en la proposición es que la CNMC y el Banco de España podrían establecer multas de hasta el 150% de los impuestos repercutidos para que se devuelva el dinero sustraído a la ciudadanía cuando se lleven a cabo este tipo de prácticas”.

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