Multas irrisorias y beneficios extraordinarios de las grandes constructoras a costa de amañar concursos de obra pública
Las multas a las grandes constructoras por funcionar como un cártel en las licitaciones públicas en los últimos 25 años suponen un porcentaje ínfimo en comparación con sus beneficios de 2021. Así expolian lo público las empresas del llamado grupo G7: Acciona, Ferrovial, Dragados, Sacyr Obrascón y Huarte Lain.
Seis de las principales empresas constructoras del Estado español han estado funcionando como cártel en miles de licitaciones públicas durante los últimos 25 años. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aplicado sanciones y multas a estas empresas. No obstante, las sanciones resultan ínfimas en comparación con los beneficios de este puñado de empresarios. Todo ello ocurre en el marco la ofensiva neoliberal, y su consecuente desmantelamiento del llamado “estado del bienestar”, donde a través del sistema de contrataciones de empresas privadas, lo público es capitalizado por un puñado de empresarios.
ACS, la empresa de Florentino Pérez, a la cabeza de las prácticas fraudulentas
Desde 1992 a 2017, las empresas miembros del grupo autodenominado G7 (Acciona, Ferrovial, Dragados, Sacyr Obrascón y Huarte Lain), han sido sancionadas por la CNMC con la multa más elevada hasta el momento, por operar como cártel -conducta fraudulenta en el marco de los procedimientos de contratación pública-, que en última instancia implica establecer un oligopolio. La empresa Dragados pertenece al grupo presidido por Florentino Pérez, ACS, que es a su vez la empresa española puntera en sanciones por amañar contratos.
Así, este grupo de empresas se reunía una vez a la semana para estudiar las licitaciones públicas anunciadas, con el fin de acordar los concursos para los cuales compartirían los trabajos técnicos necesarios para presentarse. Esto es, planificar y consensuar qué empresa ofrecería qué trabajo técnico necesario para la gran construcción en cuestión (como el estudio de geotecnia, seguridad y salud, topografía, impacto ambiental, etc.), de manera que se presentaran todos o algunos a una misma licitación, con el fin de conseguirla, y ejerciendo así competencia desleal en el marco legal de las relaciones empresariales. La nota de prensa emitida por la CNMC hace referencia a “miles de trabajos compartidos” y “fraudulentos”. Es decir, estas grandísimas empresas pasaban por alto el “deber legal” de “proposición única y de secreto”, de manera que eliminaban la independencia exigida a las empresas en los concursos de contratación pública.
El expolio de lo público, al que da lugar el sistema de contratación de empresas traído por las políticas neoliberales, no parece ser suficiente para estos grandes empresarios. No les vale con enriquecerse mediante la privatización de servicios públicos, sino que, acudiendo a los cárteles y los oligopolios, amañan los concursos para repartirse el dinero público con el fin de acentuar aún más el llenado de sus ya rebosantes bolsillos .
