Aprobado el plan para priorizar la atención a domicilio y un nuevo modelo de residencias de mayores

Se acabaron las macrorresidencias. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado el Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, un plan por el que las residencias de mayores y las residencias para personas con discapacidad vivirán una transformación total, con prioridad en la dignidad de las personas ingresadas y en aumentar notablemente la calidad de vida. Pero el Plan no se queda sólo en las residencias, al contrario, el nuevo modelo prioriza la atención en el domicilio para que las personas mayores sigan viviendo en su casa con cuidados profesionales, explicó Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales.

Este acuerdo pone fin al actual modelo de macrorresidencias. “Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura. Un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia”, ha asegurado la ministra Ione Belarra tras oficializarse el acuerdo, según informa el Diario PÚBLICO (Ver aquí).

El acuerdo necesitaba de la mayoría simple de las comunidades autónomas y así ha sido: por un solo voto de diferencia, diez a nueve. A favor estaban Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla. En contra, Galicia, Madrid, Andalucia, Murcia, Ceuta, Catalunya, Euskadi, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Cuando no sea posible la atención en el domicilio, el objetivo es que las residencias se parezcan lo más posible a un hogar, que las personas puedan llevar sus propios muebles, si lo desean. El plan diseñado pone un margen de ocho años, hasta 2030, en el que las comunidades tendrán que aumentar ratios de trabajadores de las residencias y se limita el número de personas residentes en ellas. A partir de la entrada en vigor del texto, no podrán construirse centros que superen las 75 plazas en entornos rurales o escasamente poblados, las 90 en zonas de densidad intermedia y las 120 en ciudades o en áreas rurales en “circunstancias excepcionales de viabilidad económica”.

Para financiar este transcendental plan para mejorar los cuidados a nuestros mayores, el Ministerio de Derechos Sociales garantiza que al final de la legislatura, la inyección al sistema, contando con fondos europeos para mejorar el modelo de cuidados, superará los 5.000 millones de euros.

Como explica Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, el nuevo modelo implica un cambio profundo en la atención que necesitan nuestras personas mayores y que se resume en los siguientes aspectos:

El nuevo modelo apuesta por el fin de las macro residencias. En adelante, no se podrán construir nuevas residencias de más de 75 plazas en zonas rurales, 90 en zonas de densidad media y 120 en zonas urbanas.

Se incrementará progresivamente el número de profesionales de atención directa, de forma que las ratios se incrementen a lo largo de los próximos años hasta que haya un profesional de atención directa por cada dos personas residentes.

Tener cuidados de calidad requiere una apuesta por la mejora de las condiciones laborales. Por eso el acuerdo establece que al menos el 80% de los contratos del sector serán indefinidos y el 66% a tiempo completo.

Las residencias serán lo más parecido a un hogar, con atención personalizada, apoyos flexibles y organizadas en unidades de convivencia pequeñas, de máximo 15 personas. Esto será de obligado cumplimiento para nuevas residencias y para las ya existentes también.

El Acuerdo mejora y garantiza la coordinación socio-sanitaria, mediante un profesional con funciones de enlace con el sistema sanitario. Las personas que viven en residencias deben tener acceso a una atención sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Cumplir años o tener una discapacidad no debe implicar una renuncia al derecho a la intimidad o la privacidad. Por ello, las nuevas residencias deben garantizar que un 65% de las habitaciones son de uso individual.

No hay justificación alguna para seguir aplicando sujeciones a las personas. En tres años quedarán erradicadas todas las sujeciones físicas, mecánicas y farmacológicas.

Las residencias deberán garantizar las visitas de familiares y allegados siempre que las personas residentes lo deseen, estableciéndose canales de comunicación para la participación de las familias en la planificación de los cuidados.

Avanzar hacia un nuevo modelo residencial es crucial, pero aún más importante es facilitar que las personas mayores, dependientes o con discapacidad que lo deseen puedan permanecer el máximo tiempo posible en sus hogares con cuidados profesionales.

Por eso, este Acuerdo de Acreditación potencia el servicio de atención a domicilio, la teleasistencia avanzada y los centros de día, creando equipos profesionales estables de proximidad que permiten esa atención personalizada en el entorno comunitario.

Este es un acuerdo que garantiza unos criterios mínimos de calidad en residencias y otros servicios de atención a la dependencia. Lógicamente, las CCAA, en el ejercicio de sus competencias, siempre podrán mejorar dichos mínimos legislando como consideren oportuno.

La financiación no puede ser una excusa para el inmovilismo. Nunca antes ningún gobierno había hecho una apuesta económica por la dependencia similar a la que está haciendo el Gobierno de Coalición. En los últimos dos años hemos duplicado la financiación estatal al sistema.

De todas las negociaciones en las que obtuvo, esta ha sido la más compleja. Pero casi nada de lo que merece la pena en la vida es fácil de conseguir. El consenso que existe entre los expertos sobre el nuevo modelo de cuidados es abrumador, y hoy se empieza a hacer realidad.