La CNMC multa a 34 editoriales por pactar el precio de los libros de texto

Hay 33 empresas implicadas: Tres pertenecientes al grupo Edelvives, seis al grupo editorial Anaya, otras seis del grupo SM, siete empresas del grupo Santillana, dos empresas del grupo editorial Bromera. Además de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación y la editorial Teide.

A todas ellas hay que añadir la responsabilidad que recae sobre la asociación ANELE (Asociación nacional de editores de libros y materiales de enseñanza).

Para entender este complejo asunto hay que saber que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio, ya que están obligados a adquirir los libros de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos.

Otro aspecto relevante es que hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre.

A esto hay que añadir una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy clara y determinante. Además, los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos 4 años, salvo que estuviera plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.

A partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives se han sancionado dos conductas ilícitas, una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Finalidad económica y restricción de la competencia

Las editoriales sancionadas y la asociación han configurado una estrategia dirigida a restringir la competencia en la prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los centros educativos.

Dicha estrategia ha supuesto homogeneizar las políticas y condiciones comerciales en el sector, como la entrega de materiales informáticos (pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles etc.), para reducir y eliminar aquellos elementos que introducían competencia en la prescripción de libros de texto. A pesar de que el Código de conducta se justificó por un sistema de supuestas “buenas prácticas”, se ha acreditado que las entidades que llevaron a cabo las conductas lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia.

Ha quedado acreditada la existencia de métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta. Anele envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias. También se realizaron medidas de presión concretas contra Edelvives, hasta que se unió a los acuerdos, y se presentaron demandas de competencia desleal contra Vicens Vives.

La CNMC ha comprobado, también, un descenso de la cantidad destinada por parte de las editoriales a la entrega de material de las TIC entre 2010 y el curso 2017/2018 a las aulas, sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros de texto.

Además, se declara como responsable solidario a Hachette Livre España, S.A. por la participación de sus filiales en acuerdos y prácticas concertadas que se produjeron en el marco del desarrollo y aplicación del Código de Conducta.

El total de las multas asciende a 180.000 euros a ANELE y un total de 32,2 millones de euros a 33 editoriales

Comercialización de libro digital

La Sala de Competencia de la CNMC considera acreditado que determinadas empresas han llegado a acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de precios y otras condiciones comerciales en relación con el libro de texto en formato digital en España entre 2014 y 2017. A través de estas actuaciones se ha restringido la competencia en relación con la comercialización de un novedoso producto que se encontraba en expansión.

La CNMC considera acreditada la existencia de una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratamiento de Funcionamiento de la UE. Son responsables, además de la asociación ANELE, las comercializadoras de los grupos editoriales SM, Anaya y Santillana, junto con Edebé, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación, la editorial Teide y Edición del Serbal.

El total de multas asciende a 1.492.200 euros. La resolución es firme en la vía administrativa, aunque se puede interponer un recurso ante la Audiencia Nacional

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